Bajar archivo 194 KB Texto completo en español Más de: Michael Johnston

Si bien los primeros esfuerzos por regular el financiamiento de las campañas en los Estados Unidos se remontan a principios de este siglo, las disposiciones hoy vigentes comenzaron a promulgarse al inicio de la década de los sesenta y en ellas influyó después, de manera decisiva, el escándalo Watergate. En este trabajo, Michael Johnston señala que el objetivo principal de la legislación norteamericana es evitar el soborno por parte de personas que donan grandes sumas de dinero. Los medios utilizados para ello son, por un lado, la obligación de divulgar las donaciones y gastos, y, por otro, los límites a las donaciones individuales. Estos límites se refieren tanto a la cantidad que una persona puede donar a un candidato (mil dólares) como al monto total que una persona puede donar durante un período electoral (25 mil dólares). También están sujetos a límites los aportes que hacen los Comités de Acción Política (PAC) a los candidatos. Respecto a los gastos, los candidatos al Congreso no están sujetos a ningún tipo de límites en sus desembolsos de campaña. Pero sí hay límites a los gastos de campaña para los candidatos presidenciales que aceptan recibir fondos públicos. En efecto, existe un subsidio público para el financiamiento de las campañas presidenciales, pero sólo está disponible para los candidatos que aceptan limitar sus gastos a cierto monto establecido. El autor destaca que la legislación presta relativamente poca atención al tema de competencia política, o al problema de si las campañas cuentan con suficientes fondos, o si los fondos están distribuidos de manera amplia. E incluso presta menos atención a la extorsión. Si bien la legislación y la mayor parte de las inquietudes de la opinión pública se basan en el supuesto de que los donantes ejercerían un alto grado de poder sobre los candidatos, la situación inversa -advierte Johnston- resulta frecuente, particularmente en el caso de los titulares que buscan su reelección. La influencia de éstos y los requisitos de publicidad total de las fuentes de fondos, señala el autor, desalientan la entrega de aportes a los candidatos aspirantes. Johnston analiza también otros temas controvertidos como "el dinero blando" (fondos entregados a los partidos al margen de la actual legislación) y "la publicidad de temas específicos" (gastos efectuados por grupos de interés para financiar espacios en medios de difusión, que no se consideran donaciones para campañas). Asimismo, el autor examina varias opciones en materia de regulación del financiamiento político: el uso de subsidios para mejorar el grado de competencia política; alzar, pero no eliminar, los límites a las donaciones; la posibilidad de establecer "fideicomisos ciegos" que eliminarían de plano la publicidad total de las donaciones. También sugiere que la competencia podría aumentar si se aplicaran reglas diferentes para las campañas de los titulares y para las campañas de los aspirantes a los cargos. Johnston plantea que las reformas del financiamiento de las campañas deberían estar dirigidas a aumentar la apertura y la competencia política, y al mismo tiempo a evitar el soborno y la extorsión. Además, deberían complementarse con reformas más amplias del Estado.