Bajar archivo 97 KB Texto completo en español Más de: Giovanni Salvi

En este trabajo se describen los orígenes del proceso "manos limpias" iniciado por el poder judicial italiano para combatir la corrupción, destacándose la intrincada relación de esta última con factores institucionales. A su vez, se analizan las figuras penales que han dado pie a las investigaciones judiciales, la forma en que éstas se han llevado a efecto y cómo ellas se han visto facilitadas por las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal y a la estructura de la judicatura italiana en los últimos tiempos.
El autor sostiene que la falta de alternancia en el gobierno del país por más de cuatro décadas contribuyó enormemente a la difusión de la corrupción. Las líneas de demarcación entre el ámbito de las decisiones políticas y la administración del Estado se desdibujaron, y los sistemas de control y prevención, en consecuencia, se volvieron por completo inoperantes. A medida que la administración pública perdía independencia y credibilidad, se reaccionaba estableciendo una cantidad mayor de "controles formales", con lo cual la responsabilidad se diluía y se multiplicaban las ocasiones de intermediación ilícita. La degeneración del sistema de controles, con el consiguiente vacío producido, llevaría entonces a los jueces a asumir un papel de suplencia en el ámbito de la represión de la corrupción.
En relación a los delitos investigados por el poder judicial en este campo, se advierte que sólo una parte de ellos corresponde a conductas asimilables a la definición típica y más restringida de corrupción. Entre los delitos de corrupción el autor destaca el llamado "voto de intercambio", muy extendido en algunas regiones del país y que atenta contra las bases mismas del sistema político democrático. Por otro lado, el juez Salvi señala que las figuras penales que han servido de base (o "norma de clausura") a la gran mayoría de los procesos de "manos limpias", y que han permitido sacar a luz una red de ilícitos, son aquellas referidas tanto a la trasgresión de las normas que rigen el financiamiento público de los partidos políticos como a la violación de la prohibición de las organizaciones secretas. Respecto de los delitos de carácter fiscal y económico conexos a la corrupción, los más importantes son, a juicio del autor, los relacionados con el "lavado de dinero". En cuanto al problema de la calificación jurídica del tráfico ilícito y especialmente de la concusión —dada la intrincada maraña de co-responsabilidad entre agentes económicos, políticos y funcionarios públicos (por ejemplo, en las adjudicaciones de licitaciones públicas)—, el juez Salvi afirma que desde la perspectiva de la represión penal, el punto central radica en la punibilidad del corruptor y la posibilidad de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aparte de la responsabilidad individual de sus directivos.
Elementos indispensables de la investigación judicial de estos hechos han sido —se señala en estas páginas— la independencia del ministerio fiscal, la existencia de una policía judicial, el uso de la prisión preventiva, el acceso a la información bancaria, las facilidades otorgadas a quienes colaboren con la justicia. Por otro lado, se menciona la inmunidad parlamentaria como uno de los factores que habrían jugado un papel obstaculizador en las investigaciones. Finalmente, en relación a las medidas que permitirían cautelar el adecuado funcionamiento del sistema democrático, se mencionan, entre otros, el restablecimiento de la responsabilidad política y administrativa, los códigos éticos de conducta administrativa y política, mecanismos de garantía de la libre competencia y de transparencia en el sistema de licitaciones públicas.