En este artículo, los profesores Ayres y Bullow sostienen que en lugar de exigir la divulgación de todas las donaciones a las campañas, deberíamos en cambio considerar la posibilidad de requerir que todos los aportes monetarios sean anónimos. Así como la cámara secreta de votación les hace más difícil a los candidatos comprar votos, la aplicación de un sistema de “donaciones anónimas” hará más complicado vender acceso o influencia. El hecho de obligar a los donantes a canalizar sus aportes a las campañas por medio de fideicomisos ciegos puede desalentar la corrupción quid pro quo, ya que los candidatos nunca podrán enterarse de si un donante determinado contribuyó con la suma acordada.
Con el fin de poner en práctica su propuesta, los autores estructuran un principio de “imitación” que permitiría a donantes “falsos” o “simulados” enviar las mismas señales que los donantes reales. Lo que se afirma verbalmente es gratis; así como cualquiera puede decir que votó por Clinton, cualquiera -incluidos los donantes simulados- puede sostener que aportó dinero. La exigencia del anonimato del donante es también más constitucional que diversas reformas alternativas. En un mundo en el que son constitucionales las restricciones a la libertad de expresión impuestas por la cámara secreta de votación y la divulgación obligatoria de los aportes (por considerarse que combaten la corrupción), un sistema de “cámara secreta de donación” adecuadamente estructurado es con mayor razón constitucional. Sin embargo, el anonimato obligatorio no es una panacea. Es dable pronosticar que esta reforma motivará el traslado de fondos hacia gastos en “abogacía de temas específicos”, que exigen un menor grado de rendición de cuentas, y también que podría desarticular, quizás de manera demasiado eficaz, el mercado de las influencias, al extremo de debilitar fuertemente la capacidad de los candidatos para recaudar fondos. Aun considerando estos efectos no buscados, en el artículo se sugiere que algunas formas de anonimato obligatorio podrían complementar de manera beneficiosa otras restricciones al financiamiento de las campañas.