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Este artículo examina algunas de las consecuencias jurídicas e institucionales que podrá tener la incorporación de Chile al NAFTA o TLC. Según el autor, lo prioritario deberá ser la identificación y evaluación de las materias que incluirá el mismo, lo que deberá efectuarse con la participación de los distintos sectores económicos, sociales y profesionales que resultarán afectados, a fin de establecer si acaso procede o no formular reservas o plazos especiales en favor de determinadas actividades nacionales.
Entre otras consecuencias, señala el autor, la inclusión de una determinada actividad en el TLC significará que cualquier controversia que surja sobre la misma quedará sujeta a los procedimientos especiales que establece el TLC y, por tanto, substraída de la jurisdicción de los tribunales nacionales. Algunas áreas sobre las que la incorporación de Chile al TLC tendrá influencia son la modernización del Estado y Poder Judicial, la liberalización del régimen jurídico del sector servicios, los mecanismos de arbitraje nacionales e internacionales, la legislación antimonopolios, la homologación de las normas de calidad nacionales con aquellas vigentes en Estados Unidos, la participación pública en los procedimientos de toma de decisiones, la legislación sobre protección al consumidor, responsabilidad extracontractual y negligencia en la prestación de servicios.
Algunos temas específicos analizados en el artículo incluyen los referentes a servicios, reservas, transparencia en las decisiones, armonización de los procedimientos y legislación de los países miembros, compras del sector público y mecanismos de solución de disputas.