El país se ha embarcado en un ambicioso programa de renovación de su infraestructura mediante concesiones viales. Hasta ahora los esfuerzos han tendido hacia el fomento de esta actividad sin preocuparse de cómo regularla.
Existen dos motivos que hacen necesario regular las concesiones viales. Primero, a menudo generan externalidades no internalizadas por los concesionarios o los usuarios. Segundo, las concesiones viales son frecuentemente monopolios y no existen sustitutos cercanos para sus servicios.
Existen dos tipos de regulación relevantes en concesiones viales: regulación de tarifas máximas (los concesionarios elegirían tarifas mayores que las óptimas) y regulación de calidad de servicio, de la construcción y de la mantención, ya que sin sustitutos y con precio regulado la calidad puede degradarse.
Todo sistema regulatorio debe considerar las limitaciones que enfrenta el regulador: posee peor información que el concesionario. Las asimetrías de información hacen necesario que las normas se basen en variables observables y verificables. El regulador debe poder contratar servicios técnicos privados de verificación; imponer multas adecuadas, reemplazando el sistema actual que sólo puede aplicar multas bajas o caducar la concesión y; por último, desarrollar un sistema de reclamos de clientes que sea eficiente, fácil de usar y con información pública.
Una limitante adicional de los reguladores actuales es que dependen de ministerios sectoriales. Éstos cumplen simultáneamente un rol de fomento que es opuesto al rol regulador y, a menudo, los ministros están más interesados en el fomento de su sector que en la regulación de éste.
Los reguladores tienen una dependencia política que resulta muy atractiva para que la industria regulada invierta en lobby político para influenciar a los superiores del regulador. Estas presiones no se ven contrarrestadas por organizaciones de usuarios, los que generalmente tienen dificultades para organizarse. Los reguladores dependientes no tienen objetivos claros. Deben responder a los objetivos de sus superiores, aun cuando desde el punto de vista del sector regulado sectorial esto no sea conveniente.
Una solución consiste en establecer reguladores independientes, inamovibles por un período relativamente largo y con autonomía financiera. Este regulador debería tener objetivos claros de calidad de servicio y de fijación de tarifas en casos de monopolio y responder por ellos ante el público.
Las concesiones viales entregan monopolios a empresas concesionarias. Si este monopolio no se regula, los usuarios serán explotados: peajes muy altos o calidad de servicio demasiado baja. Al entregar las concesiones sin establecer una institucionalidad regulatoria se crea el riesgo de que el regulador no sea efectivo o que disponga de poderes que perjudiquen a los concesionarios que ya han realizado sus inversiones.
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