Bajar archivo 132 KB Texto completo en español Más de: Carlos  Peña G.

Este artículo indaga en los problemas de constitucionalidad que presentan los intentos de regulación del financiamiento electoral y, en particular, el establecimiento de límites a las contribuciones y al gasto. El autor sostiene que el financiamiento electoral con dinero privado se relaciona con varios derechos constitucionales, pero en particular con el derecho a la libertad de expresión. Sostiene que los límites a las contribuciones en dinero que un particular puede hacer a una campaña electoral no lesionan la libertad de expresión, atendida la escasa fuerza comunicativa que el dinero tiene por sí mismo. En cambio, aclara, el establecimiento de límites al aporte de bienes expresivos que no son dinero lesionaría la libertad de expresión.
Respecto a la constitucionalidad de los límites al gasto electoral, se señala que ésta depende de la noción de libertad de expresión en que se funde la interpretación constitucional. Se sostiene que el concepto de libertad de expresión varía según se inspire en la tradición liberal o en la tradición democrática. Bajo una concepción estrictamente liberal, la libertad de expresión se funda en la autonomía personal y, prima facie, no admitiría límites al gasto electoral. Bajo una concepción democrática, en cambio, serían admisibles diversas regulaciones de la propaganda electoral con fines distributivos. Esta última sería la posición del Tribunal Constitucional que admitiría la imposición de límites a la propaganda electoral de manera excepcional y restringida, sometida al criterio de ponderación de derechos constitucionales. El proyecto de financiamiento electoral en actual tramitación, sin embargo, no satisfaría esas exigencias al establecer límites al gasto.