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Este artículo discute las estrategias que sucesivos gobiernos democráticos han seguido para enfrentar el problema de las ‘violaciones a los derechos humanos’. Para eso distingue dos estrategias, una política (ejemplificada con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) y una jurídica (judicial). Habiendo distinguido estas dos estrategias, la estrategia judicial, que ha resultado ser la dominante, es críticamente analizada. Ignorando completamente la crítica tradicional a esta estrategia (que ella ‘mantiene las heridas abiertas’), el autor identifica los riesgos que la judicialización del problema de los ‘derechos humanos’ envuelve tanto para el derecho como para los llamados ‘derechos humanos’. El artículo termina defendiendo una concepción particular de lo que la reconciliación es y proponiendo vías que permiten contribuir a ella.