Hasta hace poco, la ley chilena hacía virtualmente imposible a las personas que deseaban apoyar de buena fe a candidatos y partidos políticos, hacerlo por vías legales. Ello incentivaba el uso de vías informales fuera de la contabilidad, o "negras".

Las nuevas leyes que regulan el financiamiento de la política crean tres vías legales para donar que son razonablemente operativas. Este trabajo las describe e indica los costos y beneficios de cada vía para diferentes tipos de donante.

En la vía "reservada", que cuenta con beneficio tributario, la donación es entregada primero al Servicio Electoral, a cambio de un certificado que sólo indica el monto de la donación y la identidad del donante. En una segunda etapa, el representante legal del donante "destina" el aporte a uno o más candidatos, a través de un acto separado y reservado frente al Servicio Electoral. Tercero, el Servicio suma las donaciones destinadas por diversos donantes y entrega el total al beneficiario, en forma pública, pero sin revelar la identidad de ningún donante.

El espíritu de la vía "reservada" es que el candidato ni observadores externos puedan inferir la identidad de cada aportante. Cuando la motivación del donante sea contribuir de buena fe al triunfo electoral del beneficiario, aunque éste no sepa quién le donó, esta vía siempre protegerá su imagen pública. Por eso, esta vía nos parece la más coherente con la responsabilidad social empresarial.

Un segunda vía "con publicidad del origen de los fondos" también tiene ventaja tributaria, pero presenta dos desventajas para el donante: primero, expone la imagen pública del donante frente a segmentos de clientes, trabajadores y autoridades opuestos al candidato beneficiario. Segundo, disemina información que facilita que terceros extorsionen al donante en el futuro, entre otros la prensa amarilla y los candidatos rivales del beneficiario.

Respecto de la vía informal, los antecedentes hacen pensar que la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos aumentará. La vía informal expone al donante a onerosas multas y a daños a su imagen pública en caso de revelarse su uso.

Esta nueva ley ofrece a las empresas la oportunidad de legitimar su contribución a la actividad política, adoptando vías para donar que son viables en una democracia donde los medios de comunicación y los jueces investigan con agudeza. Creemos que un éxito práctico de esta nueva ley y su legitimidad práctica podrían prevenir intentos de adoptar otros modos mucho más restrictivos de regular el financiamiento privado de la política.