El mundo político tiene una tarea insustituible. No podemos olvidar que este informe nos remite a un pasado en el que, sin dudas, la racionalidad brilló por su ausencia.

Siempre es difícil mirar con perspectiva los hechos que como sociedad nos remecen, más aún cuando están demasiado frescos en nuestra memoria.

Algo de esto es lo que ha ocurrido con el informe de prisión política o tortura. En parte, porque durante mucho tiempo las voces de las personas afectadas por las violaciones de sus derechos no fueron escuchadas con la atención que merecían. Esas voces y las de sus cercanos aspiran ahora legítimamente a que sus historias sean absorbidas por toda la sociedad y las están haciendo sentir con fuerza. Se anuncian querellas y se intentan establecer responsabilidades que, a veces, apuntan mucho más allá de lo que parece razonable. No se trata de negar el derecho de las víctimas a buscar justicia. Ésta, después de todo, es una fuente de paz social y necesaria para cerrar las heridas del pasado.

Más bien de lo que se trata es asegurar un grado mínimo de racionalidad en el debate público en torno al informe Valech. El mundo político tiene aquí una tarea insustituible. No podemos olvidar que este informe nos remite a un pasado en el que, sin lugar a dudas, la racionalidad brilló por su ausencia. El debate público de ese entonces se sumergió en un mar de emociones, donde los diversos sectores políticos veían sus modos de vida seriamente amenazados o, al menos, cuestionados. Había razones para ellos: estaban las declaraciones incendiarias de uno y otro lado, la presencia de grupos civiles armados y tantos otros factores que pueden agregarse a una larga lista que podrían confeccionar todos los grupos políticos de ese entonces. Pero quizás ello no importe tanto porque finalmente lo que desató la crisis de ese entonces es que en la política de esos años la razón se rindió ante o quedó secuestrada por las emociones.

En estos casos, tal como se ha comprobado una y otra vez a lo largo de la historia de las civilizaciones, las consecuencias pueden ser nefastas.

Me doy cuenta que las generaciones mayores, de uno y otro sector político, abordan aún con tremenda pasión -una mezcla de rabia y temor- los sucesos de ese entonces. Cada vez que se rasguña en ese pasado, como hace este informe, la política pierde algo de su tan indispensable racionalidad. Por cierto, influye en ello el escaso recambio generacional que exhibe el país en sus liderazgos políticos. Por eso es que no parece casual que sean las Fuerzas Armadas y de Orden, donde el cambio generacional es más evidente, que se abracen con menos perjuicios los contenidos y los alcances del informe de prisión política y tortura. Han comprendido, lideradas por el Ejército, que nuestra sociedad ha evolucionado y que el compromiso con los derechos ciudadanos se ha fortalecido.

Algo de la racionalidad política requerida para encauzar este necesario debate se lesiona cuando, aludiendo al contexto de este entonces y a las eventuales fallas del informe, se intentan cuestionar los hechos que ahí se relatan. Errores más o menos, se mencionan ahí prácticas que nunca debieron haber ocurrido y que deben condenarse si queremos que no se repitan. Habrá tiempo para evaluar, desapasionadamente, los contextos, las causa y las explicaciones que crearon un clima que permitió esos atropellos a los derechos individuales. Difícilmente se podrán establecer explicaciones comunes. Tampoco es necesario. Después de todo, el compromiso debe ser con los derechos de las personas y no con una visión específica, por muy legítima que sea, de los hechos. Pero también hoy se demuestra un escaso compromiso con esos derechos cuando se intenta aprovechar políticamente un informe de estas características repartiendo, sin mayor fundamento, acusaciones a diestra y siniestra. En estas circunstancias se pierden los objetivos más importantes del informe de prisión política y tortura para dar paso a una guerrilla de acusaciones que vuelve a debilitar los límites de la racionalidad política. Son nuestros líderes de opinión, especialmente del mundo político que son nuestros deliberantes de última instancia, los llamados a colocar esa racionalidad que ayude a encauzar el debate público de modo de apoyar, más allá de los actos de reparación simbólica, monetaria y judicial, el cierre de las heridas que estos atropellos y humillaciones causaron en su momento. La política es, después de todo, una actividad práctica que tiene como objetivo proveer de respuestas a situaciones provocadas por las acciones de los seres humanos. Y esas respuestas deben ser el fruto de la deliberación pública. Hay al respecto mucho que avanzar.