El 4 de abril de este año el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para obligarnos a que parte de la electricidad que consumimos se genere con energías renovables no convencionales (ERNC). El medio para lograrlo es forzar a todas las empresas eléctricas con más de 200 MW de capacidad instalada a suministrar el 5% de sus ventas anuales con energías no convencionales a partir de 2010, obligación que irá creciendo hasta 8% en 2024. Según señala el mensaje presidencial, los fines del proyecto son aumentar la seguridad y la eficiencia del suministro y estimular el desarrollo ambientalmente sustentable.

Las energías no convencionales son un grupo variopinto que incluye a la geotermia, la energía eólica, la solar, la mareomotriz, la generación con desechos (biomasa), con gas generado por basurales (biogas) y también a las pequeñas centrales hidroeléctricas (10 ó 20 MW). Algunas, como la generación con biomasa o las pequeñas centrales hidroeléctricas son tecnologías conocidas que se usan comercialmente en Chile desde hace mucho tiempo. Otras, tales como la energía eólica o la geotermia, se han desarrollado en otras partes del mundo, pero no son comercialmente viables a menos que se las subsidie. Y algunas, tales como la energía mareomotriz o la solar son experimentales en el mejor de los casos. La conclusión, evidentemente, es que una decisión informada requiere a lo menos calcular el costo neto de estimular a cada una de las energías renovables, cuantificar sus beneficios ambientales y compararlos con los de proyectos alternativos. Lamentablemente, esta vez se está legislando sin haber hecho estudios de este tipo. Y cuando se comienza a mirar con más cuidado, los números son un tanto inquietantes.

En un estudio que publicaremos próximamente, Cristián Muñoz y yo estimamos el costo de sustituir con molinos de viento a una central de carbón de 250 MW, suficiente para cumplir con la obligación que impondría la ley durante los primeros años. Se trata de algo más que un ejercicio porque, de aprobarse la ley, es probable que una buena parte de la capacidad no convencional sea eólica. Los resultados se resumen en el cuadro adjunto.

La última línea del cuadro indica que el costo adicional de la energía eólica durante los próximos 25 años, y que pagaremos los consumidores, sería alrededor de 1.000 millones de dólares en valor presente. La principal razón es que, como se puede apreciar del cuadro, para reemplazar a la central a carbón se necesita invertir alrededor de cuatro veces más en turbinas de viento (1.800 millones de dólares contra 450 millones de dólares). Esta mayor inversión compensa con holgura a los ahorros de combustible y lo que Chile podría recibir por bonos de carbono. 1.000 millones de dólares es mucha plata: por ejemplo, una estimación conservadora es que darían para disminuir la contaminación en Santiago en más de 10%.

El viento también tiene otros bemoles. No es sólo que los parques eólicos necesitan mucho espacio (para instalar la capacidad supuesta en el ejercicio se necesitarían alrededor de 10.000 ha, la superficie que cubre hoy el Gran Concepción) o que sean muy ruidosos (hecho que la TV europea usualmente esconde mostrando paisajes bucólicos con música clásica de fondo). También ocurre que el viento es un tanto caprichoso: a veces sopla y otras veces no. Por ejemplo, en España, país que genera con viento alrededor del 10% de su electricidad, se reporta que en 2007 la generación horaria ha variado desde 25 MW (casi nada) hasta 8.298 MW (más que la demanda de punta de Chile central). Y por eso, tal como se ve en el cuadro, en Chile el ahorro de combustible dependerá de cuándo sople el viento: si lo hace en horas punta se ahorrarán 517 millones de dólares, pero si sopla fuera de la punta, este ahorro cae a sólo 298 millones y la probabilidad de déficit eléctrico aumenta bastante. Por eso, lo más probable es que la inversión en turbinas de viento se acompañe con respaldos térmicos, seguramente generadores diésel, lo que se suma al costo directo de las turbinas de viento.

Por supuesto, este proyecto de ley tiene partidarios, principalmente grupos ambientalistas y proveedores de equipos. Pero los grupos ambientalistas rara vez sustentan sus apoyos en hechos o datos, mientras que la especialidad de quienes venden equipos es exagerar sus bondades en público y hacer lobby en la trastienda para que nos obliguen a subsidiarlos. Por eso es muy dudoso que la ley logre lo que promete el mensaje presidencial. Todo lo contrario, el sistema eléctrico bien podría terminar siendo más vulnerable a déficits, la electricidad costará aun más y el medio ambiente mejorará menos que si la plata se gasta en otros proyectos más eficaces.

(*) Esta columna está basada en un trabajo en preparación escrito en conjunto con Cristián Muñoz, y que es financiado por AES Gener S.A. Sin embargo, las opiniones que expreso en esta columna son de mi exclusiva responsabilidad y no comprometen de manera alguna a AES Gener S.A.

(**) Alexander Galetovic es profesor en la Universidad de los Andes e investigador del Centro de Estudios Públicos.