Los trabajos y los días de Michelle Bachelet están contados. En primer lugar, debe darle buen gobierno al país. Enseguida, recuperar la unidad y el rumbo perdido de la Concertación. Y, por último, trasmitirle el poder a un miembro de su propia coalición el año 2010. Todo ello en el plazo de 48 meses.

Más de alguien podría sorprenderse de tan amplia agenda para plazos tan breves. Pero es la dura realidad de una Presidenta en un régimen presidencial. Bachelet no sólo es Jefa de Estado, sino también de gobierno. Tiene un doble cuerpo, uno para los asuntos que trascienden la contingencia política y la instala en la esfera superior de los grandes fines del Estado. Y otro dedicado a la conducción de la administración del Estado, ordenada a procurarles bienestar y seguridad a los chilenos. Pero, como jefa del gobierno también le corresponde hacerse cargo de sustentar y potenciar la gobernabilidad del país y es su obligación liderar la cohesión de la coalición que la apoya políticamente: la Concertación. Del resultado de una buena performance en todas estas funciones y acciones “debe” resultar la sucesión.

Los 48 meses precedentes son contradictorios con la agenda expuesta. En efecto, mirando hacia atrás, el trazado general del mandato de Bachelet es malo, pero no pésimo. Ha actuado como Jefa de Estado en el escenario internacional con parsimonia y dignidad, sorteando las vallas de una política exterior sin identidad, ambigua y de perfil difuso. También hay que aplaudir su apelación a una política de acuerdos con la oposición.

Pero, como jefa de gobierno las cosas no le han salido tan bien. En este ámbito, buena parte de las realizaciones positivas son el resultado de políticas económicas y sociales que provienen de los tres gobiernos anteriores o un perfeccionamiento de las mismas. Y las malas, que ya da vergüenza citar, de una falta patente de “buen gobierno”. Y ello debido a la carencia de atributos para gobernar que caracterizan a la Presidenta y que la opinión pública tiene perfectamente identificada.

Este es el verdadero contexto del nuevo gabinete: dos años de “poco” gobierno y un fuerte deterioro de las bases de la gobernabilidad y la sucesión presidencial. El régimen presidencial no ofrece una solución. El Transantiago en un país con régimen parlamentario habría suscitado la caída del primer ministro, su sustitución e incluso una convocatoria adelantada a elecciones parlamentarias para gestar una nueva mayoría.

Nuestro régimen presidencial sólo tiene una institución falible y aleatoria para enfrentar estas situaciones: la potestad presidencial para escoger a sus ministros. Se supone que el propósito de un cambio de gabinete es elegir un equipo que sea mejor que el anterior. Pero si quien detenta esta facultad carece de los atributos del buen gobernante, existe una alta probabilidad de que los cambios recreen el círculo vicioso del mal gobernante-mal gobierno.

Esto demuestra que el régimen presidencial, en situaciones álgidas, es una trampa sin salida. El último recurso institucional es el plazo del mandato, que en nuestro caso fue oportunamente reducido a cuatro años. No obstante, existe una solución que podría abrirle al gobierno una puerta de escape. La Presidenta ha elegido un ministro del Interior que tiene probadas cualidades de conductor político. Si a Pérez Yoma se le permitiera realizar el propósito que lo indujo a aceptar el ministerio (“gobernar, gobernar, gobernar”), las cosas podrían mejorar. Si la Presidenta le diese carta blanca para operar como primer ministro, a cargo del gobierno, reservándose ella facultades de Jefa del Estado, es probable que la Concertación encuentre una tabla de salvación.