El gobierno presentó un proyecto de ley que transferiría sumas importantes de dinero fiscal a los partidos políticos, sin exigir actividades nuevas a cambio.
Este proyecto es impopular. Ante la pregunta de si el Estado debería financiar a los partidos políticos, el 82% de los encuestados lo rechazó (marzo-abril, 2008). Si sólo algunos partidos aprobaran el proyecto, el electorado podría castigarlos.
El Estado ya transfiere sumas importantes a la política. Afirmamos que lo hace de manera sesgada, porque financia ampliamente ciertos bienes y desatiende otros, como la participación en los partidos políticos y la calidad de su aporte legislativo.
Se propone levantar la mirada y acoger las demandas ciudadanas por mejores partidos políticos, más participación y mejor legislación. Ésta es una oportunidad para profundizar la democracia.
Para ello, se propone crear subsidios condicionales:
Un subsidio a las cuotas de militantes que hayan votado para elegir la directiva del partido, con registro provisto por el Servicio Electoral, y también a aportes de simpatizantes.
Un subsidio a talleres de debate y diálogo político organizados por los partidos, donde los simpatizantes puedan dialogar sobre temas de interés público con altos dirigentes de partidos. El control sería similar al aplicado en Alemania y el tope al subsidio dependería de los votos obtenidos en la última elección. Un subsidio para preparación de candidatos a los cargos de elección popular. El objetivo es facilitar que se preparen para acometer las labores a las que postulan.
Para promover otros bienes públicos asociados a los partidos se propone:
Para elevar la calidad a la legislación, recursos para asesores legislativos profesionales, como en EE.UU. La búsqueda de candidatos la haría el Congreso. Serían evaluados y protegidos del lobby y de labores distritales.
Para elevar la calidad de la oposición parlamentaria, recursos para asesores de un "gabinete en la sombra" y de comisiones especiales, como en Gran Bretaña.
Autorizar que asociaciones de personas naturales, como sindicatos de base y colegios profesionales, hagan donaciones a la política. La proscripción de estas personas jurídicas dificulta la fiscalización y facilita la corrupción.
Autorizar que hagan donaciones más personas jurídicas, con y sin fines de lucro, incluso fundaciones que promuevan temas específicos, como el derecho a la vida o la ecología, pero con topes de monto similares a los aplicados a las empresas.
Todo esto requiere fortalecer al Servicio Electoral con personal adicional.
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