por Silvana Celedón Porzio

Una detallada propuesta elaboró el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre la reducción de jornada, una de las medidas que ha sido barajada por distintos sectores para mitigar el impacto de la crisis económica en el mercado laboral y enfrentar las altas tasas de desempleo que se avecinan para los meses de invierno.

Es que el economista Salvador Valdés estableció el costo de esta iniciativa en distintos escenarios, así como también el impacto de la propuesta versus los despidos, en un estudio que será publicado hoy por el CEP.

El también académico de la Universidad Católica parte de la base que, ante una caída en la demanda por los servicios de una empresa, la medida de aplicar reducciones de jornada e ingreso para muchos es “idónea” para enfrentar el actual escenario de desaceleración y preservar los puestos de trabajo.

Esto, argumenta el experto, porque permite repartir la carga del ajuste, dispersar y mitigar las pérdidas de ingresos y ayudar a sostener la demanda agregada.

Incluso, Valdés señala que la medida -que algunos sectores han acuñado bajo el concepto de adaptabilidad pactada- permite reducir el gasto en programas de empleo de emergencia, ya que el costo fiscal se estima en US$ 214 millones por cada episodio recesivo. “Por ende, considerando años recesivos, regulares y auges en igual proporción, el costo fiscal es de US$ 71 millones al año, cifra que es abordable e inferior al gasto anual en empleos de emergencia”, afirma.

Respecto del período de aplicación, Valdés aclara que la idea es que un programa de estas características debe ser “anticíclico y transitorio” y, principalmente, apuntar a evitar que los empleadores tengan que elegir entre dos extremos: despedir o seguir como antes.

“En el segundo caso el empleador absorbe toda la pérdida operativa causada por la caída en la demanda, lo cual eleva la probabilidad de perder el acceso al crédito y de cerrar”, señala el estudio del CEP.

Si estas distorsiones fueran superadas, mejoraría la viabilidad y permanencia de estos empleos, afirma Valdés.

Además, a modo de argumento, el economista plantea dos aristas adicionales. Uno, que en promedio, el número de trabajadores en mora de créditos de consumo (por ejemplo en Dicom) sube menos cuando se reduce jornada que cuando se despide. Y, en segundo lugar, “que las reducciones de jornada e ingreso permiten continuar ganando antigüedad en las cuentas individuales de cesantía y en los seguros de salud, mejorando las prestaciones en caso de un eventual despido posterior”.

Detalle de la medida

Más en detalle, la propuesta indica un subsidio para la redistribución del empleo podría operar de la siguiente forma: 2/3 para el trabajador y 1/3 para el empleador. “Lo primero es necesario para ayudar al trabajador a sobrellevar la reducción de ingreso, que es más valorado que el aumento de horas libres. Lo segundo, para que el subsidio contribuya a la rebaja de costos que evitará los despidos, y en el extremo, evitar el cierre de la actividad”, explica Valdés.

Nota: Ver el documento Subsidio a la conservación del empleo aquí