Opinión escrita en conjunto con Claudio Sapelli

Las preocupaciones de la política social tienen mucho que ver con los ingresos de los chilenos, presentes y futuros.

Cuando se habla de ingresos, es indispensable mirar el mercado laboral. Ahí se determina el grueso de los ingresos de las familias chilenas, por lo que poner más atención en aumentar el empleo es indispensable para el diseño de una política social efectiva y eficiente. Sin embargo, la política social actual se despreocupa del empleo. Por eso estas líneas se centran en él.

Algunos aspiran a tener las redes sociales de países como Suecia, Holanda o Nueva Zelanda y olvidan que sus tasas de empleo para las personas de entre 15 y 64 años de edad promedian el 74%, mientras que en Chile llega a un 58%. Esta diferencia significa un déficit de empleo respecto de esos países de 1,8 millón de personas.

La falta de empleo es un problema grave. A su vez y más allá de la coyuntura, el desempeño del empleo en los últimos lustros ha sido débil. Se destaca a menudo el leve aumento en la tasa de empleo de las mujeres, pero no se repara en que la de los jóvenes es muy baja y la de los hombres mayores de 15 años cayó en los últimos 15 años, desde un 73% a un 67% en 2008. Esta contracción en el empleo se observó particularmente entre los trabajadores menos calificados, pero las políticas públicas no han acomodado adecuadamente esta realidad.

Así, por ejemplo, nuestro salariomínimo se ha elevado en demasía respecto de la productividad media de los trabajadores y, en particular, de los menos calificados. El problema es que se ha usado el mercado laboral para transferir ingresos a las familias, en lugar de hacerlo a través de la política fiscal. Aquello tiene un límite y en Chile éste parece haberse ya superado.

Otro problema grave de diseño de las políticas sociales es que los subsidios concedidos no se retiran de forma gradual, a medida que los beneficiarios progresan socialmente, sino que en forma abrupta. Así se desincentiva, entre otras cosas, el empleo adicional. Si pasando un umbral de ingreso (o bienestar) se pierden todos los beneficios, hay un fuerte incentivo a no pasarlo y a no emplearse para aumentar el ingreso, pues el impuesto marginal a esos ingresos adicionales es enorme.

Sin perjuicio de los muchos perfeccionamientos que requiere nuestra política social, uno de sus focos centrales debe ser su reorganización para apoyar la creación de empleo en los próximos años. De esta forma, transferencias a las personas empleadas o a la permanencia de niños y jóvenes de bajos recursos en las diversas instituciones educacionales del país son bienvenidas.

En este ámbito se ha avanzado poco. El reciente subsidio a los ingresos del trabajo de los jóvenes es demasiado acotado y, además, traspasa recursos a los empleadores para apoyar la creación de puestos de trabajo, cuyo buen uso es de difícil control. Parece más pertinente transferir todos los recursos a los jóvenes empleados, posibilitando, al mismo tiempo, que el salario mínimo para ellos se reduzca y se incentive la contratación. Estas transferencias a las personas empleadas deberían extenderse, además, a otros grupos demográficos entre las personas de menos recursos.

Pensar en el desarrollo de un sistema de protección social sin simultáneamente elevar el empleo del país es poner la carreta delante de los bueyes. Debemos basar la política social sobre instrumentos que incentiven el empleo y la capacidad permanente de generación de ingresos de las personas.

Nota: Este es un resumen del artículo incluido en el libro “El Chile que Viene” (Expansiva-UDP-CEP).