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Durante la última campaña presidencial, desde la Alianza se oyeron voces en el sentido de que su futuro gobierno se desprendería del diario La Nación. Eran voces muy esperanzadoras, pues, desde que el Estado tomó su control en la dictadura de Ibáñez, hasta el fallido nombramiento de su director la semana pasada, La Nación ha sido un caso paradigmático de prensa oficialista y, por lo mismo, de una calidad siempre muy dudosa.

Como la versión criolla del Granma cubano, por más de 80 años La Nación ha sido un medio usado para inflar los logros del gobierno y criticar deslealmente a la oposición. Al final, el resultado ha sido una permanente e innecesaria crispación del sistema político.

Pero la esperanza de que, por fin, un gobierno tendría la convicción y valentía para desprenderse de La Nación, parece estar desmoronándose. Lejos de enajenarse, el Gobierno mantiene el diario. Hace lo mismo que todos sus antecesores, y presenta esta inercia bajo la excusa de convertirlo en un medio “ciudadano”.

Antes de embarcarse en semejante proyecto “ciudadano”, el Gobierno debería preguntarse y responder abiertamente por qué es necesario y conveniente tener un diario en manos estatales. Y tenerlo, como en este caso, en sociedad con un grupo de privados para, en el fondo, rentar un monopolio legal: el Diario Oficial.

Si se considera que el Diario Oficial cumple una función pública, el Estado debería tomarla para sí. Podría, por ejemplo, asignársela a la Biblioteca del Congreso Nacional, que ha desarrollado un archivo digital abierto al público bastante bueno. O bien podría licitarla entre privados, en forma abierta y competitiva.

La actitud que tome el Gobierno frente a La Nación es importante, además, porque dará luces de la que tendrá frente a Televisión Nacional de Chile (TVN), cuando tome las riendas del proyecto que está en el Congreso con varias reformas a su ley. También aquí la pregunta elemental: ¿Es correcto y necesario que el Estado tenga un canal de TV hoy en Chile?

Cualquiera sea la respuesta a esa pregunta, es necesario tener presente que el proyecto de ley sobre TVN enviado por el gobierno pasado es defectuoso. Modifica el giro de la empresa en una forma errada. Hoy tiene un giro más acotado y factible: la prestación de servicios televisivos. El proyecto la cambia por “servicios audiovisuales”. Esto le permitirá al Estado incursionar en una cantidad mucho más amplia e indeterminada de industrias y mercados. Y el proyecto cambia la regla de pluralismo político entendido como imparcialidad que hoy rige a TVN, por una idea tan difusa como “satisfacer el bien común”. ¿Qué debe hacer una empresa audiovisual del Estado para perseguir el “bien común”? ¿No será más bien una fórmula que, en la práctica, terminará permitiendo a la empresa estatal hacer cualquier cosa?

El proyecto también rompe la regla de igualdad que hoy existe entre todos los canales de TV, al permitir que TVN reciba aportes fiscales directos. Esto, además, pondrá en riesgo la autonomía política a que contribuye el hecho de que hoy no pueda acceder a esos recursos, sino sólo a los que da el mercado. Y, por último, el proyecto permite que TVN incurra en todos los modelos de negocios que abrirá la TV digital. Esta posibilidad, unida a un giro empresarial difuso y expansivo, abre la puerta a una regresión con malos recuerdos en Chile: un Estado empresario de telecomunicaciones.

La decisión que tome sobre La Nación y la ley de TVN será una prueba de las convicciones que animan a este Gobierno sobre la libertad de expresión y sus instituciones. Es una prueba sutil, que no tiene la obviedad del caso Chilevisión. Respecto de este caso, se dice que el Presidente se habría abierto a la posibilidad de enajenar el canal. Si así fuera, habría empezado a andar por el camino adecuado para pasar bien esa prueba obvia. Un camino que podría llevarlo a pasar bien las otras dos.