El Presidente Piñera, en los inicios de su cuenta pública, valoró la labor del Congreso. Fue sorpresivo, dada la naturaleza de nuestro régimen político, marcadamente presidencialista. Hay en ello una dimensión estratégica: un rescate de la convocatoria de los primeros días de su gobierno a la unidad nacional. Pero parece haber también una voluntad presidencial de no olvidar, en medio de todos los desafíos que se ha propuesto el gobierno, que una política sana es fundamental para lograr avances económicos, sociales y culturales. Ese propósito ya se manifestó en el anuncio de promover una serie de reformas políticas que se reafirmaron en la cuenta pública del viernes, incluso levantándolas como uno de los siete ejes de su gobierno.

Hay ahí quizás “esa mirada más allá del horizonte” que Piñera quiere para su gobierno. Porque pocas cosas generan menos interés en la población que las reformas políticas. La actividad política y parlamentaria goza de bajo prestigio y es mirada con desconfianza. En la última encuesta mundial de valores (EMV), en la que se recogen las impresiones de las poblaciones de 58 países sobre distintos temas, sólo un 18 por ciento de los chilenos dice tener bastante o mucha confianza en los partidos políticos. Ahora bien es cierto que en todo el mundo no se confía mucho en estas organizaciones. Por ello, quizás más alarmante es la baja confianza en el Congreso. Sólo un 25 por ciento de la población, de acuerdo a la EMV, confía en este poder del Estado, mientras que el promedio simple para los 58 países donde se recoge esta información es de 39 por ciento.

Precisamente por ello cobra relevancia el reconocimiento del Presidente al Parlamento y el compromiso demostrado con el fortalecimiento de la democracia. Las reformas en este ámbito son una oportunidad para elevar la esquiva legitimidad de partidos y parlamentarios. La ampliación del padrón electoral va en esa dirección. Es de esperar que no sea demasiado restrictivo para los chilenos en el extranjero. Se ha hecho mucho caudal respecto de la voluntariedad del voto. Se argumenta que ello reduce la participación electoral, particularmente de los grupos de bajos ingresos. Claro que es menos evidente cómo ese hecho impacta el proceso político. Muchas de las inferencias no tienen mayor sustento. Así, parece más razonable inclinarse por la idea del voto como un derecho antes que un deber.

La propuesta a cambios de la ley de partidos políticos, si se diseña bien —en particular si apunta a aumentar la competencia por los liderazgos partidarios y a ponerlos en mayor contacto con la ciudadanía—, puede elevar la confianza en ellos. Pero probablemente ello suponga algún financiamiento público para generar los incentivos apropiados. Nada más impopular que apoyar con recursos públicos a los partidos, aunque proveen de un bien público esencial para la vida democrática: un grado de certidumbre y estabilidad que desaparece en ausencia de ellos. Ello rara vez es reconocido en el debate público. En el Congreso hay un proyecto para financiar a los partidos, pero los recursos se entregan sin los incentivos que aseguren que los partidos estarán abiertos a la población.

Quizás la reforma más compleja es aquella que promueve primarias para seleccionar los candidatos de los partidos a cargos públicos, sobre todo al Congreso. Se entiende el deseo de darles más legitimidad a los candidatos y prestigiar a aquella institución, pero se corre el riesgo de debilitar a los partidos. En las democracias, uno de sus principales papeles es seleccionar candidatos. De hecho, sólo en Estados Unidos son extendidas las primarias, pero ahí los partidos no tienen las características de otras naciones. Ello es revelador. Por eso es prudente limitar esta propuesta sólo a las elecciones presidenciales. A menos que se quiera también modificar el sistema electoral. Uno de carácter uninominal, a diferencia del binominal, es una garantía de competencia política, y en ese caso la primaria puede ser un instrumento útil para ayudar a zanjar las diferencias entre partidos de una misma coalición en torno al candidato de cada distrito.