El primer discurso del Presidente Piñera para rendir cuenta del estado de la nación el pasado 21 de mayo, tuvo dos características esenciales. La primera es que fue el discurso de un Presidente que inaugura un nuevo ciclo en la historia política de nuestro país. Una situación similar a la del Presidente Aylwin el 21 de mayo de 1990. En ambos casos, se cerraba un ciclo y se inauguraba uno nuevo. Y por lo mismo, sus contenidos tenían muy poco de rendición de cuentas, por la brevedad del tiempo en el ejercicio de la primera magistratura, y mucho de programa de gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo. La segunda característica es que el Presidente, además de informar acerca de la notable performance de sus dos primeros meses de gobierno, en el enfrentamiento los devastadores efectos del terremoto y maremoto del 27-II, nos presentó un programa de gobierno, en el cual se reordenan propuestas y promesas de campaña en armonía con un plan de reconstrucción sin precedentes en la historia de nuestro país.

El discurso del Presidente Piñera, al inaugurar un nuevo ciclo, y de un modo similar al discurso del Presidente Aylwin, estableció tácitamente líneas se continuidad con el ciclo político anterior. Tales líneas se relacionan, básicamente con cuatro dimensiones: red de protección social, defensa de los derechos humanos y expansión de las libertades, perfeccionamiento del sistema democrático y política exterior. En cada una de estas dimensiones, el discurso incluye proyectos y actividades que ya estaban en curso o se habían originado en los gobiernos de la Concertación. Es explicable, pero no razonable, que la actual oposición se sienta consternada por esta continuidad. Personeros y partidos de la antigua coalición de gobierno alegan la paternidad de tales propuestas. A este respecto hay que decir dos cosas: la primera es que las políticas de bien común, desde el momento que ingresan a la esfera pública, y en virtud del principio de publicidad, forman parte del patrimonio y la racionalidad pública de la comunidad y no son de nadie, de ningún partido, fracción o grupo de personas, sino de todos los chilenos; en segundo término, todo gobierno tiene el derecho de evaluar, adoptar, perfeccionar y derogar políticas de los gobiernos anteriores, en conformidad a su concepción del bien público y de las ideas matrices de su programa de gobierno. Este poder proviene de la ciudadanía, cuya mayoría es la que decide a quien se lo delega. Ahora bien, si la oposición quiere alegar paternidad sobre algunas propuestas virtuales, o sea, no realizadas durante los veinte años de gobiernos concertacionistas, no tenemos nada que decir, excepto que fueron hijas abandonadas por sus padres.

El discurso presidencial, no es continuista, en un doble sentido: ni en el estilo de gobernar, ni en la intencionalidad última y sustantiva de sus propuestas. Ya hemos sido testigos, en estos setenta días, de que el gobierno ejecuta sus decisiones con prudencia, apoyo en conocimientos técnicos, eficacia y rapidez. Pero, la intencionalidad de las propuestas es lo más importante, porque es el alma y la fuente de vida del gobierno, un sello que lo identifica y lo distingue de los gobiernos del ciclo caducado. Esa alma es la creación de las condiciones necesarias para la emergencia de una sociedad compuesta por personas independientes, libres de tutelas y capaces de valerse y gobernar sus vidas por si mismas. Uno de los mayores bienes que procuran las políticas sociales, relacionadas con las personas de menores recursos, es satisfacer sus demandas básicas, mientras se desarrolla su proceso de construcción y acceso su propia autonomía y/o la de sus hijos. Y ello sin desconocer en absoluto que en toda sociedad decente deben existir políticas sociales permanentes y universales (educación y salud, por ejemplo).

El programa expone tres grandes metas relacionadas con esa intencionalidad profunda: extinguir la extrema pobreza durante el período presidencia en curso y acabar con la pobreza en el cuatrienio siguiente; alcanzar una elevada tasa de empleo; y poner en marcha una educación pública de calidad. Las dos primeras metas exigen fortalecer, ampliar y racionalizar la red de protección social, crecer a una tasa del 6% y aumentar la productividad; elevar la renta per cápita a nivel de país desarrollado (U$22.000); potenciar y multiplicar las pymes, entre otras medidas. La tercera meta, a mi juicio es la más importante: mejorar sustancialmente la calidad de la educación. En este dominio se juega la sociedad de la igualdad de oportunidades y de las autonomías personales, y la vehemente aspiración a que todos los chilenos disfrutemos de los beneficios de la sociedad del conocimiento y la información. Esta es la meta más ambiciosa, por su alta complejidad, que no solamente es técnica sino también moral.

En efecto, la revolución educativa no solamente es una cuestión técnica, consistente en la aplicación de un modelo educativo que requiere mayores recursos y una gestión eficiente, sino una cuestión moral. En primer término, porque como dijo el Presidente, el mayor escándalo social de nuestro país es la baja calidad de nuestra educación, que reduce a las personas de menores ingresos al círculo vicioso de la reproducción de la pobreza material e intelectual. También es una cuestión moral, en el sentido de que una condición previa a la educación de calidad es el cultivo de ciertas virtudes que solamente puede iniciarse en la familia, como son los hábitos de trabajo, constancia, y estudio. Y, en fin, también es una cuestión moral para los gobiernos, que deben elegir un modelo de calidad educativa. En un país como el nuestro, que aún no sale del subdesarrollo, no es posible elevar toda la educación pública a un mismo estándar de calidad. Estamos obligado a optar entre seguir un proceso de mejoramiento paulatino general o un proceso diferenciado, que junto con mejorar el universo completo de la educación (la propuesta presidencia consiste en duplicar la asignación por alumno) y, a la vez, ofrecer polos de excelencia (50 liceos) al cual tengan acceso los alumnos más dotados y meritorios, pero sin recursos suficientes para recibir la educación que les corresponde. Esta segunda alternativa es la que ha escogido el nuevo gobierno, una opción que concilia la igualdad con el mérito, dada la circunstancia concreta que no nos permite que hoy todos los liceos de Chile reproduzcan el modelo del Liceo Barros Arana.

En los siete ejes del plan de gobierno del Presidente Piñera se exponen los asuntos que pondrán a prueba las fortalezas de la propuesta presidencial. Y también sus eventuales debilidades. En este contexto, voy a referirme al eje programático que el Presidente le consagra a la democracia. En ese eje se hace visible la mayor debilidad del discurso. Como Ustedes saben, allí se exponen una serie de iniciativas legales que se enviarán al Congreso, tales como la inscripción automática y el voto voluntario, la reforma d de la ley de partidos políticos y la inclusión de primarias voluntarias en los partidos, para escoger candidatos a la representación popular; el fideicomiso ciego para perfeccionar nuestro sistema de solución de los conflictos de intereses entre la función pública y el estatuto privado de las personas, etc.. Son siete iniciativas de las cuales la gran mayoría son razonables y van en la dirección de mejorar nuestro sistema democrático, pero no para ponerlo en forma y generar su renovación sustantiva.

A mi juicio, seguramente minoritario y políticamente incorrecto, el discurso revela el talón de Aquiles del Presidente. La mayor fortaleza del Presidente Piñera es su aptitud excepcional para la administración eficiente del Estado. Algo que admiro y aprecio como absolutamente necesario en los tiempos que vive el país, ya en los márgenes de su ingreso a al pleno desarrollo. Pero su déficit es su concepción débil de la política. O, lo que es equivalente, a la reducción de la política a la gestión administrativo-técnica del Estado. En la mirada del Presidente parece haber un punto ciego, que le impide ver la necesidad de un proyecto político que trascienda el cuatrienio, fortalezca nuestro sistema democrático, adecuándolo a los nuevos tiempos, y establezca el horizonte de su propia sucesión.

¿En que podría consistir ese proyecto? En este momento, solamente puedo expresar la hipótesis sobre la cual ese proyecto podría diseñarse. La expreso del siguiente modo: si realmente el país traspasa las fronteras que nos separan del desarrollo y alcanzamos la meta de una sociedad de igualdad de oportunidades y de las autonomías personales, las actuales estructuras democráticas no serán compatibles o afines con ese nuevo estado de las cosas. El viejo presidencialismo paternalista y centralizador, sin división real ni equilibrio de poderes y partidos políticos débiles y sin crédito, y baja y desmayada participación ciudadana, se hará insostenible, arcaico y decadente. Porque, en definitiva, el proyecto político del que hablo debe adelantarse a resolver el efecto no querido producido por su propio éxito: la brecha que se creará entre la sociedad civil y las instituciones políticas obsoletas.

Ahora bien, quiero ser optimista y esperar que el Presidente Piñera nos sorprenda con un proyecto político, aún inédito, que impulse una nueva democracia para nuestro país.