El filósofo e historiador de la Ilustración escocesa Adam Ferguson, en su Ensayo sobre la Historia de la Sociedad Civil, escribió: “…las naciones si bien descansan sobre instituciones que son el resultado de la acción humana no son necesariamente el producto del designio humano”. El liberalismo ha visto en este enunciado un atajo a la pretensión racionalista de que todas las reglas e instituciones valiosas para la sociedad son consecuencia de un diseño deliberado articulado por un grupo lúcido de gobernantes, intelectuales o tecnócratas. La propiedad y la división del trabajo parecen haber tenido este origen espontáneo. Pero incluso algunos van tan lejos como para sostener que el hábeas corpus tiene estas características. Por supuesto, muchas de estas reglas e instituciones una vez que demuestran su valía son confirmadas legalmente. Por cierto, ello no significa que todas aquellas que surgen de modo espontáneo merezcan igual consideración, pero antes de modificarlas conviene preguntarse si no están prestando alguna utilidad que no hemos detectado.

Una implicancia adicional de esta mirada es que las instituciones y reglas racionalmente construidas pueden no satisfacer los propósitos buscados, ser insuficientes para evitar los impactos esperados o no prever los efectos que de su aplicación se desprenden, es decir producir consecuencias que son fruto de la acción pero no del designio humano. Algo de esto ha ocurrido en Chile en la relación entre política y Estado. No cabe duda que este último, y son testigos de esto el rígido estatuto administrativo, el celo fiscalizador de la Contraloría y tantas otras disposiciones, fue pensado para evitar que fuese conquistado por la política partidista. Muy en la línea de lo que lograron realizar las democracias parlamentarias europeas y anglosajonas y, en gran medida, el presidencialismo estadounidense. Pero en Chile esa idea no prosperó. Los líderes de la Concertación estaban conscientes de ello. Después de todo estuvieron disponibles para apoyar la reforma de 2003 que creó la Alta Dirección Pública y promovieron muchas otras iniciativas que apuntaban a separar más claramente esa relación.

Pero esas reformas no fueron suficientes. Después de todo hace tan sólo dos años Enrique Correa sostenía que “la Concertación no gobernará por quinta vez si no pone fin definitivamente al Estado como un botín de los vencedores o lugar de cuoteo político”. Fueron palabras premonitorias. Muchos de los despidos que han estado ocurriendo en los últimos meses –seguramente no todos porque puede haber injusticias- son resabios de la repartición del botín. Ese fenómeno seguramente no estuvo en el ánimo de los gobernantes y dirigentes concertacionistas. El propio Ferguson lo habría anticipado. Sólo un poco más adelante de la frase antes citada sostenía: “hasta los más refinados políticos no saben si son sus propias ideas y proyectos los que están conduciendo el Estado”. Pero claro, ahora que hay que dejar el botín el dolor es grande.

El error de la Concertación fue no haber puesto más cortafuegos entre la política y el Estado. Al final ha terminado dañando a sus propios partidos. Los acontecimientos de los que hemos sido testigos en los últimos días tanto en el PPD como en el PS no están del todo alejados de la falta de murallas entre esas dos dimensiones. Una que ha probado ser efectiva es asegurar financiamiento a los partidos en tiempos fuera de campaña a cambio de solicitarle actuaciones que los democraticen como, por ejemplo, padrones limpios, actividades que los acerquen a la ciudadanía y promoción de debate interno. Es una tarea pendiente que debería abordar el actual gobierno. Después de todo no hay ninguna razón para que los actuales partidos oficialistas no intenten capturar al Estado. Si las reglas e instituciones actuales han probado ser inefectivas para separar política y Estado hay que hacerlas evolucionar para alcanzar ese propósito. Ambos ganarían con ello.