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A partir de un cuestionamiento de los esfuerzos desplegados por el positivismo jurídico para separar el derecho de la moral, el autor examina la relación que mantienen ambos sistemas prescriptivos. Su perspectiva arranca de la distinción entre una idea privada y una idea pública de la ética. La primera —privada— estaría constituida por las concepciones omnicomprensivas del bien. La segunda —pública—, se referiría a aquellos contenidos derivados de las necesidades de una convivencia plural y pacífica, y, por lo tanto, serían jurídicamente vinculantes. A estos efectos, Ollero apunta al último gran trabajo de Rawls, El liberalismo político. Critica su noción de con-senso como fundamento de la obligatoriedad pública y, acto seguido, la justificación meramente procedimental de la obligación en la esfera de lo público, esquema justificatorio que se haría necesario al prescindir de las concepciones particulares del bien en aras de una concepción colectiva de lo justo. Para el autor, la neutralidad que exige la justificación procedimental, a más de ser inconducente, es imposible: ciertos contenidos son necesarios. Su alternativa es proceder a lo público desde las convicciones privadas y, así, entretejer una relación positiva entre verdad y consenso.