La polémica sobre el puente del Chacao ya salió de la prensa, pero en ella emergieron claramente dos estilos que seguirán en pugna. De un lado están quienes estiman que las obras públicas son un asunto político. Qué significa eso exactamente nunca se explica, pero finalmente se reduce a que el ejecutivo debiera tener autoridad discrecional para decidir cómo gastar las platas públicas. Del otro lado están quienes defienden la evaluación social de proyectos. Las inversiones, sean públicas o concesionadas, debieran ser evaluadas y sólo se deberían hacer las que produzcan más beneficios sociales por peso invertido. En esta columna quiero explicar por qué a las regiones les conviene el criterio de la rentabilidad social y proponer una institución que lo favorecería.
¿En qué consiste la evaluación social? El gobierno tiene muchos proyectos pero sólo se pueden hacer algunos. La pregunta es con qué criterio optar. La evaluación social es un procedimiento para identificar los proyectos disponibles en todo Chile y estudiar con métodos conocidos y estándares cuánto costará cada uno y a cuántas personas beneficiará. Esto permite comparar racionalmente las distintas alternativas. Por supuesto, no estoy diciendo que la evaluación social sea un método totalmente objetivo o científico. Como en todas las cosas humanas es imperfecta y mejorable y los evaluadores capaces y con criterio hacen una gran diferencia. Pero cuando los proyectos se evalúan con métodos conocidos y estándares se impone cierto rigor y, las más de las veces, se evitan los errores gruesos.
Si el puente del Chacao se hubiera evaluado seriamente -Ernesto Fontaine, la autoridad máxima en el tema, pidió hacerlo pero no lo dejaron-, no solo se hubiera concluido que no convenía construirlo antes de 20 ó 30 años. También hubiera quedado claro, por ejemplo, que es posible disminuir el tiempo de cruce del canal desde los 40 ó 50 minutos de hoy a más o menos 20 a partir de 2007 ó 2008; basta con construir rampas para transbordadores en Punta Coronel, gastando no más de 12 millones de dólares (el puente costaba más de 900). Y si el criterio de decisión hubiera sido la rentabilidad social, seguramente el gobierno pasado no hubiera postergado un montón de proyectos ya evaluados dentro de la isla de Chiloé. Por ejemplo, mejorar los 215 km de la Ruta 5 y una parte de los casi 3.000 km. de caminos secundarios rurales; instalarle instrumentación al aeropuerto de Quellón para que pueda operar de noche; llevarle la luz eléctrica, agua potable y teléfonos a muchas islas que hoy no los tienen; construir pequeñas rampas en las islas mejorando con ello la conectividad interna, etc., etc.
Porque no nos engañemos: las regiones van perdidas si las obras públicas se deciden con criterios políticos, pues casi todos los proyectos se harían en Santiago. No solo porque el poder ejecutivo chileno es radicalmente centralista; también porque en Santiago vive la mayoría de los votantes. Las regiones captarían la atención del ejecutivo sólo accidentalmente, cuando se dispute una elección clave en una región dada; o bien, como en el caso del puente, cuando el proyecto sea lo suficientemente grandilocuente para servir de gran aviso publicitario visto en todo Chile (por supuesto, esos proyectos rara vez le sirven mucho a los habitantes locales, mucho menos al resto de los chilenos).
¿Cómo lograr que se hagan las inversiones que benefician más a la gente? Tengamos claro que en Chile existe un Sistema Nacional de Inversiones, a cargo de Mideplan y el Ministerio de Hacienda; en principio todo proyecto debe ser evaluado y ranqueado. Pero las instituciones no están funcionando bien. El puente del Chacao muestra que un presidente con suficiente prestigio tiene poder suficiente para saltarse las evaluaciones sociales e imponer proyectos disparatados que no le convienen al país. Más aun, las concesiones le permiten saltarse al Congreso. En vez de darle al proyecto malo un subsidio ahora a costa del presupuesto corriente, mucho mejor dar una garantía de ingresos mínimos. Esta garantía cubre las pérdidas si el proyecto es malo, pero el problema será de los gobiernos futuros.
La solución consiste en crear un consejo de infraestructura independiente del ejecutivo que tenga la obligación de, a lo menos, hacer dos cosas. Primero, revisar las evaluaciones sociales, hacerlas públicas y ranquear los proyectos. Segundo, valorar las garantías de ingreso mínimo. Así, en un mundo ideal todas las evaluaciones sociales y las obligaciones futuras que el gobierno corriente está adquiriendo estarían disponibles en formato fácil de entender en una página web. Las regiones se enterarían cada vez que el gobierno central elige postergar un proyecto socialmente rentable en favor de otro que lo es menos. Y quedaría claro si el gobierno corriente está cortando cintas a costa de un problema presupuestario futuro.
El desenlace de la pugna por el puente del Chacao fue reconfortante, porque mostró que en Chile hay autoridades dispuestas a jugársela por hacer bien las cosas. Pero también mostró que dependemos de la suerte, pues caben pocas dudas de que el gobierno anterior hubiera hecho el puente. Tal como la inflación se acabó sólo cuando hubo un Banco Central independiente, los elefantes blancos serán cosa del pasado sólo cuando existan instituciones capaces de contrapesar el poder discrecional del ejecutivo.
