En el sector público los bonos siempre se obtienen, las metas siempre se cumplen y los objetivos siempre se alcanzan. Debiéramos estar orgullosos. ¿De qué nos quejamos, entonces?
Al visitar los portales de empleo público de Chile, es sorprendente ver expresiones como «renta líquida promedio mensualizada», u otras similares donde se señala que en marzo, junio, septiembre y diciembre la renta a obtener será siempre mayor, en tanto estos meses incluyen el incentivo base institucional y de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG). ¿Por qué se ofrece una renta que asume que los bonos se logran? La respuesta es simple. Porque en el sector público los bonos siempre se obtienen, las metas siempre se cumplen y los objetivos siempre se alcanzan. Debiéramos estar orgullosos. ¿De qué nos quejamos, entonces?
Más allá del cumplimiento de las metas, el cuestionamiento debe apuntar a su definición. Y es que cuando los sueldos de todo el aparato dependen del cumplimiento de ciertos indicadores, no debe sorprender que las exigencias fijadas sean bajas, asegurando su cumplimiento y, de paso, evitando conflictos laborales. Ésta no es una cuestión aislada. En los últimos días, hemos visto, en medio de la discusión del reajuste, un paro de funcionarios públicos, actividad que se ha transformado en una costumbre a pesar de la prohibición constitucional de la huelga en este sector. La prohibición se ve superada por la realidad y la falta de regulación legal de negociación colectiva deja la situación en tierra de nadie: pocas veces los descuentos correspondientes se hacen efectivos.
Ahora bien, si habrá o no reajuste y a cuánto ascienda finalmente el guarismo, es solo la parte visible de una discusión más amplia que los gremios mantienen hace años con los encargados de las finanzas públicas. Una discusión naturalmente polarizada donde no hemos logrado acuerdos significativos. Dejarnos estar en esta materia está trayendo consecuencias: basta mirar la reciente jurisprudencia de las cortes y de la Contraloría en materia de protección laboral de funcionarios a contrata y honorarios.
La lista de problemas en torno a la gestión de personas en el Estado es larga y variada, plagada de temas complejos y políticamente sensibles. Pero algo similar ocurre en otros planos. Múltiples ineficiencias, incentivos mal puestos, contratos incompletos. Resolverlo no es trivial. A diferencia de otros países que ven la modernización del Estado como un desafío de largo aliento y de mejora permanente, aquí se suele avanzar en reformas específicas y aisladas, olvidando que debe tratarse de una tarea constante y prioritaria. No priorizar la gestión del Estado puede significar ahorrarse costos políticos a corto plazo, pero traer consecuencias muy negativas para el funcionamiento de nuestra democracia. Mucho se habla sobre la crisis de confianza en la que estaría sumido nuestro país. Parte de esta alta desconfianza en las instituciones dice relación con su funcionamiento, y aquí nuestro Estado tiene mucho por hacer. Por ejemplo, hemos avanzado bastante en transparencia y en la cantidad de información disponible, pero no así en accountability.
Además, existen múltiples mejoras que se pueden implementar para avanzar hacia una mejor evaluación de resultados y en incorporar la satisfacción de los ciudadanos como variable de gestión. Si se considera que avanzar en la calidad de los servicios públicos genera impactos concretos, positivos y personales en la vida cotidiana, estos esfuerzos podrían ayudar a revertir la profunda desconfianza de los chilenos en sus instituciones.
* Esta columna fue escrita junto a Slaven Razmilic
