Un par de semanas atrás se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre transparencia en el mercado de suelo y que crea un impuesto a las plusvalías por ampliaciones del límite urbano.
El proyecto es parte de la agenda de probidad anunciada por la Presidenta Bachelet, luego de recibir el informe de la comisión Engel, y tiene relación directa con el denominado caso Caval.
Más allá de las virtudes o defectos del proyecto de ley, llama la atención la falta de profundidad en la discusión sobre la materia. Tratándose de una iniciativa que crea un impuesto, es inaceptable que el Ministerio de Hacienda no haya presentado ni una sola simulación de los efectos esperados del cambio propuesto. Ningún análisis de sensibilidad asociado con los parámetros que se discuten. Ningún escenario potencial. Nada.
Si bien es desconcertante observar cómo proyectos relevantes se presentan sin acompañar la información necesaria para su análisis adecuado, llega a ser desolador que a la mayoría de nuestros legisladores esto parezca no importarles. El buen funcionamiento de nuestra institucionalidad política presupone que el Ejecutivo haga propuestas completas y bien fundamentadas, y, del mismo modo, asume que el Congreso cumplirá su rol de discutir en detalle los puntos y exigir toda la información relevante.
Aparentemente ni lo uno ni lo otro ocurrió con este proyecto. Es de esperar que, en su segundo trámite, el debate esté a la altura de las circunstancias y que la discusión se haga con la seriedad que toda ley amerita.
