Independiente del resultado del plebiscito de salida, ya sea con antigua o nueva Carta Fundamental, hay que hacerse cargo de los desafíos sociales que los chilenos consideran urgentes.
La alta desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el alto costo de la vida y la mala calidad de la salud y educación pública fueron las principales razones que los chilenos consideraban que estaban detrás de las manifestaciones pacíficas de octubre 2019 (Encuesta CEP). Demandas legítimas que deben considerarse en la evaluación de la actual propuesta de 499 artículos para una nueva Constitución, que falta por armonizar aún, pero que ya nos dice bastante de cómo estas causas serán abordadas.
La propuesta constitucional dejaría a Chile entre los países del mundo con más derechos constitucionales consagrados. De aprobarse la nueva Carta Magna, no será menor la tarea de los futuros legisladores. No solo por el importante número de leyes que se deberán aprobar (en el borrador de derechos fundamentales se menciona 15 veces la palabra ley para encargarle una tarea), sino también por lo complejo que será converger en diseños de reformas que permitan atender el extenso listado de principios y condiciones para satisfacer lo definido en el texto. Por ejemplo, se propone que el Sistema Nacional de Salud sea universal, público e integrado. Además, deberá regirse por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad enfoque de género, progresividad y no discriminación. Todos pueden ser principios deseables, pero algunos serán incongruentes e incompatibles entre sí, dificultando la convergencia de todos en un único sistema. Y el reto no solo será a nivel legislativo, sino también en materia de implementación. Siguiendo con el ejemplo de salud, el sistema público deberá absorber a alrededor de 1,5 millones de nuevos usuarios, el cual de por sí ya tiene bastantes dificultades.
Si hasta ahora la capacidad de llegar a acuerdos legislativos en materias como pensiones, salud y educación ha sido bastante fallida, el camino se puede poner aún más cuesta arriba con el nuevo diseño del Congreso y Ejecutivo: el borrador termina con la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo para presentar reformas como las señaladas anteriormente, que requieren de financiamiento estatal. A cambio, se proponen las “leyes de concurrencia presidencial necesaria”, lo que implica que parlamentarios podrán presentar sus propias propuestas en estas materias y el Presidente de la República deberá pronunciarse respecto a si lo patrocina o no. Esto es deseable, porque si no hay pronunciamiento del Ejecutivo sobre algún tema relevante, el Congreso puede tomar la iniciativa. Sin embargo, tendremos para un mismo desafío de política pública varias propuestas legislativas: ¿Cómo se logrará llegar a acuerdos en el diseño, los mecanismos de implementación y de financiamiento de las reformas? Hoy el Congreso trabaja sobre una propuesta presentada por el Ejecutivo, dado el actual escenario político contar con varios proyectos sin duda complejizará el alcanzar consensos.
Independiente del resultado del plebiscito de salida, ya sea con antigua o nueva Carta Fundamental, hay que hacerse cargo de los desafíos sociales que los chilenos consideran urgentes. ¿Qué hay en común entre todas estas demandas? Que tienen un alto costo fiscal y requieren de un Estado más eficiente, por lo que se necesita avanzar paralelamente en reformas para mejorar lo que ya existe: tenemos 469 programas sociales (que a ratos se duplican y no conversan entre sí) con un presupuesto anual de más de 24 billones de pesos. No debemos olvidar que nuevas reformas no traerán por sí solas mejoras en la calidad de la respuesta estatal. Si no hay un cambio sustantivo en cómo se proveen estos servicios continuará siendo más de lo mismo.
