El objetivo de la regulación debe ser emular a la competencia. La mejor manera de emular a la competencia es liberalizando mercados, eliminando regulaciones que restringen la entrada y relajan la competencia entre empresas. Sin embargo, unas pocas industrias tienen características de monopolio natural —la distribución de electricidad, la provisión de agua potable y la telefonía fija (aunque en este caso se espera que en algún momento el progreso tecnológico cambie la situación)— y es casi inevitable sustituir la competencia por un procedimiento administrativo en que un organismo público fija las tarifas.
Las leyes regulatorias chilenas están basadas en sólidos principios microeconómicos que pretenden emular a la competencia. Pero hay tres obstáculos para que cumplan su objetivo. Primero, la información es “asimétrica”: la empresa regulada conoce sus costos y la demanda con mayor precisión que el regulador. Segundo, el regulador puede ser “capturado”. Tercero, el procedimiento para cambiar las leyes es imperfecto.
Para moderar las asimetrías se debería acopiar continuamente la información necesaria para regular desarrollando un sistema de contabilidad regulatoria. Además, los modelos tarifarios deberían publicarse antes de cada fijación. Hoy eso no ocurre.
La captura se modera aumentando la transparencia. Se debería dar acceso público a través de páginas web a la información que se ocupa para regular, terminar con los estudios tarifarios secretos y estandarizar su formato para que los cálculos sean fácilmente replicables por terceros suficientemente preparados. Además, se deberían hacer públicos los actos del regulador, sus decisiones y sus intercambios con los regulados. Y la función regulatoria debe separarse del fomento, porque los conflictos de interés son evidentes.
Por último, es necesario mejorar la forma en que se generan y perfeccionan las leyes, para que su producción y reforma sea independiente y madura. Al Gobierno y el Congreso les corresponde promover y aprobar cambios de leyes regulatorias. Pero los estudios que revelen la conveniencia de modificarlas y las propuestas deberían elaborarlos especialistas independientes que trabajen con plazos concretos, pero prudentes y con acceso amplio a la información.
Casi todas las dimensiones de la regulación —reglas tarifarias, instituciones y procedimientos— se pueden mejorar. Sin embargo, en nuestra opinión se debe dar prioridad a los procedimientos aumentando la transparencia y la accountability de los reguladores.
Para comenzar, muchos de los defectos que se le atribuyen a instituciones y métodos son, en realidad, consecuencia de la falta de transparencia y de que los procedimientos regulatorios no están pensados para enfrentar las asimetrías de información. Segundo, independientemente de los sesgos ideológicos, es aceptado que la transparencia y la accountability son deseables. Tercero, la transparencia y la accountability son indispensables independientemente del método particular que se aplique para fijar tarifas o la forma en que se organicen las instituciones. Cuarto, en casi todos los casos las mejoras propuestas son simples y muy baratas.
