Es una época de apuestas políticas extremas, de saltos al vacío, en las que el riesgo no se calcula, precisamente porque es incalculable. El más obvio riesgo de la refundación mexicana es la elección política de jueces, una nueva postergación del mérito.
Si usted creía que Chile era un país de experimentos (vía chilena, dictadura que apoya el libre mercado, transición pacífica, nueva constitución, dos a falta de una), está en lo cierto. Pero si usted creía que Chile era el único país que prueba grandes teorías con toda la población sin pedir consentimiento informado para el experimento particular, está muy equivocado.
El 1 de junio de 2025, los ciudadanos mexicanos elegirán a los jueces de todo su sistema judicial en votación popular. Se eligen nueve ministros de la Corte Suprema, dos del Tribunal Electoral, quince de salas regionales, cinco del Tribunal de Disciplina, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. 881 cargos. En el portal del Instituto Nacional Electoral de México hay un countdown que indica los días, horas y minutos faltantes para la elección; más parece una alegoría de la implosión sistémica que se avecina.
Desde Mandeville sabemos que en el origen hay “buenas intenciones”. La motivación de López Obrador para impulsar esta refundación estaba en la corrupción y nepotismo del sistema, con redes clientelares y cientos de parientes contratados. “¿Cuál carrera judicial?”, apoya hoy Sheinbaum.
Políticamente, sin embargo, López Obrador veía que el sistema obstaculizaba sus reformas: era una “trinchera de la oposición al servicio de la élite” —una formulación común en retóricas populistas actuales. Entonces, para qué reformar si se puede experimentar con la refundación. Después de todo, si Trump juega al Monopoly global con los aranceles y Putin al Wargame regional, ¿por qué no se podría jugar Civilizations e inventar la justicia desde cero?
Es una época de apuestas políticas extremas, de saltos al vacío, en las que el riesgo no se calcula, precisamente porque es incalculable. El más obvio riesgo de la refundación mexicana es la elección política de jueces, una nueva postergación del mérito. Pero también lo es la vulnerabilidad que tendrá el sistema frente al crimen organizado, la cooptación por parte de intereses privados, y el desplazamiento de la decisión jurídica desde la ley, la doctrina y la jurisprudencia hacia finalidades ideológicas fuera del derecho. Una oda a la politización de sistemas; no a la democracia.
Seguramente el primer paso de todo esto fue la baja confianza ciudadana en el sistema jurídico. Tiempos de espera prolongados, nepotismo y la experiencia cotidiana de injusticias no resueltas por el sistema distancian a las personas. En Chile, el Ministerio Público y los tribunales tienen, respectivamente, un 15% y 14% de confianza en la última CEP, de los más bajos porcentajes entre las instituciones evaluadas.
Un buen resultado en la reforma del gobierno judicial, actualmente en discusión, podría comenzar a cambiar el destino. Si no, en unos años, quizás veamos implementada la cuenta regresiva en el portal del Ministerio de Justicia.
