Chile se encuentra en una encrucijada. Puede ceder a temores y cálculos cortoplacistas, retrocediendo en una senda de inclusión que lo ha distinguido. O, puede reafirmar su vocación de apertura y actualizar su inclusividad hacia el nuevo panorama inmigrante, con la caracterización de que sea sin incumbencia para las próximas elecciones.
Si la política chilena fuera una novela, su último capítulo sería un tratado sobre volatilidad. En un contexto donde José Antonio Kast lidera las preferencias presidenciales de los inmigrantes – según la reciente encuesta de Panel Ciudadano UDD –, se instala un complejo entramado entre bandos políticos. La propuesta del oficialismo para restringir el voto extranjero, sumada a la iniciativa opositora de asegurar multas para el voto obligatorio sólo a ciudadanos, genera una discusión que toca las fibras más íntimas de nuestra identidad republicana.
Chile no es novato en la inclusión electoral de quienes eligen este país como su hogar. Ya la Constitución de 1925 abrió tímidamente esta puerta para elecciones locales, y la de 1980 la consolidó para comicios nacionales tras cinco años de avecindamiento (un derecho que conlleva la obligatoriedad del sufragio). Esta trayectoria progresiva es un legado valioso, pero digno de ser examinado. Con el desborde migratorio que ha experimentado nuestra nación en los últimos años, se integra paulatinamente un robusto grupo migratorio que juega un rol en la dirección política nacional.
Actualmente, somos parte de un selecto grupo de apenas cinco naciones a nivel mundial con tal apertura: sólo Malaui, Ecuador, Nueva Zelanda y Uruguay permiten a sus extranjeros sufragar en los comicios nacionales. La regla común en el resto de los países se mantiene en la necesidad de residencia definitiva y/o nacionalidad para poder participar únicamente en las elecciones locales. Con ese panorama mundial, el caso de Chile presenta una exclusividad que plantea una interrogante crucial: ¿puede una nación expresar su verdadera voluntad a través del voto si se permite participar a personas que no son ciudadanos plenos y permanentes?
Lo que se ha observado en otras naciones con extensa apertura electoral y altos niveles de inmigración es que sí. Sin embargo, es aquí donde resuenan las advertencias de analistas como Rafael López Pintor: alterar las reglas del juego electoral al son de «vaivenes políticos» coyunturales es una pauta para la inestabilidad, que erosiona la confianza en el sistema mismo.
Chile se encuentra en una encrucijada. Puede ceder a temores y cálculos cortoplacistas, retrocediendo en una senda de inclusión que lo ha distinguido. O, puede reafirmar su vocación de apertura y actualizar su inclusividad hacia el nuevo panorama inmigrante, con la caracterización de que sea sin incumbencia para las próximas elecciones. Esto permitiría desmarcar la discusión política y los “cálculos electorales” de normativas que tienen que proyectar estabilidad en el largo plazo.
Una vía plausible, que congenie la trayectoria nacional con la actual coyuntura, es el cambio hacia la exigencia de residencia definitiva o una búsqueda permanente en territorio nacional. Así, se establece una alianza íntima entre ciudadano y el nuevo Estado que permite robustecer el ejercicio de la democracia. La verdadera soberanía reside en un «demos» participativo, donde la variedad de voces enriquece —y no debilita— el proyecto nacional.
