El estudio «Agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad: un paso adelante» sostiene que parece recomendable avanzar en la tramitación de un proyecto de ley que convoca a los diversos sectores políticos y donde las diferencias técnicas son acotadas y abordables.
- Desde hace casi dos décadas la discusión de política pública —técnica y política— considera que la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas sería un aporte a nuestro desarrollo y al mejoramiento continuo del accionar estatal. El proyecto que se discute en segundo trámite en el Senado es la propuesta que más ha avanzado desde entonces y ha logrado reunir un consenso en torno a su importancia, sin desmedro de aspectos específicos de diseño que están pendientes de resolver.
- El proyecto de ley enviado por el presidente Boric propone crear una Agencia con un conjunto de atribuciones que le permiten incidir, especialmente por medio de mecanismos de persuasión en base a informes técnicos, en la deliberación de política pública de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tiene entre sus funciones la evaluación de políticas, planes y programas, la definición de lineamientos para la evaluación ex ante y ex post de programas en el sector público, y la formulación de propuestas para la simplificación normativa y el aumento de la productividad.
- En esta investigación proponemos caminos para resolver los nudos del proyecto de ley y que así se pueda avanzar en la concreción de la Agencia. Estos nudos son específicos y se vinculan con la dirección de la Agencia, tanto su órgano colegiado como su jefe de servicio, y con las herramientas necesarias para el cumplimiento efectivo de todas sus funciones. En particular, sostenemos que, por razones de eficacia y de diseño institucional, el órgano directivo colegiado debe ser de designación presidencial con ratificación del Senado por un quórum que asegure la concurrencia de mayorías y minorías, estableciendo ciertos requisitos de idoneidad técnica de los consejeros. El jefe de servicio, por su parte, debe ser de confianza del Consejo de la Agencia. Por último, argumentamos que, para un correcto ejercicio de sus atribuciones vinculadas con la productividad, debe asegurarse que la Agencia cuente con expertos en ese ámbito y que no tenga un sesgo a priorizar solo las materias de evaluación de políticas públicas.
- El documento también examina una serie de herramientas que el proyecto de ley le entrega a la Agencia. Al respecto hacemos diversas propuestas para fortalecer su capacidad de acceso a la información que tengan otros órganos públicos, de manera de maximizar la capacidad de influencia de las recomendaciones de la Agencia y robustecer la potencia institucional de un servicio cuya principal arma de influencia es la persuasión basada en su legitimidad técnica.
- En resumen, parece recomendable avanzar en la tramitación de un proyecto de ley que convoca a los diversos sectores políticos y donde las diferencias técnicas son acotadas y abordables.
