(…) la desaprobación del Ejecutivo no se debe a los fines de la reforma, que son compartidos por una mayoría ciudadana. El problema parece radicar en la viabilidad de las herramientas elegidas para lograr esas metas.
El trabajo de campo la Encuesta CEP N°96 comenzó casi al unísono con el proyecto de Ley de Reconstrucción. Así, provee valiosa información sobre las oportunidades y desafíos del Gobierno en materia económica.
Lo primero a destacar es que el Ejecutivo inicia su gestión con una ciudadanía cuyo ethos económico es ad hoc a su proyecto: el 40% de los encuestados tiende a estar más de acuerdo en que “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en ellas mismas” en vez del aparato público; el 54% reconoce que el nivel de deuda pública es grave; el 52% coincide en que “la intervención del Estado lleva a demasiada burocracia y muchos problemas” y el 66% cree que el número de empleados públicos es muy elevado. Este es el contexto cultural que le dio el triunfo a José Antonio Kast y el que se sigue expresando.
Ahora bien, el desarrollo de la reforma que encarna este ethos no ha estado exento de problemas: una mayoría relativa del 41% declara estar en desacuerdo con la estrategia del gobierno para reducir el gasto fiscal, el 34% está de acuerdo y un 21% se mantiene indeciso. A su vez, esta primera medición parte con un 52% de desaprobación.
Las medidas de ajuste fiscal son impopulares por naturaleza, pero la desaprobación del Ejecutivo no se debe a los fines de la reforma, que son compartidos por una mayoría ciudadana. El problema parece radicar en la viabilidad de las herramientas elegidas para lograr esas metas.
La ciudadanía no le ha cerrado la puerta al ajuste, pero desea que este no afecte su bolsillo ni sus derechos. Prueba de ello es que, en un 83% de dos posibles menciones, los encuestados declaran que el mejor mecanismo para sanear las finanzas públicas es “reducir el gasto en la administración del Estado”; en contraste, el 49% estima que “el gobierno debería hacer mayores esfuerzos para contener el alza del precio de los combustibles, aunque ello deteriore la situación de las finanzas públicas”.
Este ethos económico, inclinado hacia la responsabilidad individual y la reducción del gasto del Estado, coexiste con una mayor percepción de riesgo. Esto no solo se observa en delincuencia, asaltos, robos o narcotráfico, sino también en salud —segunda prioridad—, donde un 84% declara estar muy preocupado de enfrentar una enfermedad grave y no poder costearla. En pensiones —quinta prioridad—, un 78% manifiesta gran inquietud por no contar con una jubilación adecuada.
La encrucijada que enfrenta el Gobierno puede parecer paradójica, pero en realidad es coherente: una ciudadanía que busca resolver y construir responsablemente su vida a través de sus propios recursos, pero que espera que el Estado sea capaz de proveer certezas en aquellas áreas donde la acción privada no alcanza —como la seguridad, la salud o la previsión—, mediante los mecanismos más eficientes y menos extractivistas posible.
