(…) los planes de desalojo no pueden limitarse a desocupar un terreno; deben contemplar formas de asegurar la continuidad escolar de NNA, su cobertura médica y la mantención de redes familiares y vecinales positivas.
El pasado fin de semana comenzó el desalojo de la toma del cerro Chuño en Arica. Se trata de 120 viviendas en un lugar que se ha identificado como un enclave del crimen organizado, un entorno en el que viven 254 menores de edad.
Esta situación ocurre en medio de un debate candente: la discusión en torno a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (que busca aumentar las penas para quienes cometan delitos graves), de la alta proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de pobreza —uno de cada cuatro menores de edad pertenece a un hogar pobre—, y de los deficientes resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en las comunas más vulnerables. Ante este escenario, es urgente relevar la situación de riesgo en que viven los NNA en los campamentos.
En una reciente investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP) afirmamos que el entorno tóxico, materialmente degradado, violento e inseguro de los campamentos afecta directamente las probabilidades de que los NNA cometan ilícitos, consuman drogas o asuman roles de cuidadores de otros niños. Mientras más tiempo viven en estos asentamientos, su salud se debilita y su vida se empobrece.
Sin embargo, existe una paradoja: la permanencia en un campamento también hace más probable que asistan al colegio, que estén inscritos en el sistema de salud, y que reciban beneficios sociales. Establecerse en un lugar genera rutinas que facilitan su inclusión en el sistema de protección estatal. Por ello, los planes de desalojo no pueden limitarse a desocupar un terreno; deben contemplar formas de asegurar la continuidad escolar de NNA, su cobertura médica y la mantención de redes familiares y vecinales positivas.
Erradicar una toma es un proceso sumamente complejo, que debe priorizar a sus habitantes más vulnerables. Se deben atender las emergencias, partiendo por la provisión de un alojamiento transitorio o apoyo para el pago de arriendo temporales a las familias. El uso de herramientas jurídicas específicas —como la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para declarar inhabilidad de terrenos y decretar demoliciones— permite acelerar el proceso.
Un ejemplo exitoso fue el reciente desalojo en Quinta Normal, donde fue clave implementar una mesa técnica que involucró a los propietarios (EFE, Bienes Nacionales, el Servicio de Vivienda y Urbanismo), Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el gobierno regional y la Defensoría de la Niñez. Durante la ejecución del desalojo es central ofrecer espacios protegidos, contar con ambulancias y disponer de apoyo especializado para contener posibles crisis en NNA con necesidades especiales.
La situación de NNA migrantes requiere una atención equivalente. La correcta coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Migraciones, las embajadas y la PDI, permite revisar antecedentes penales o situaciones irregulares de los adultos, protegiendo así a los NNA vinculados a ellos. Como la condición migratoria determina el acceso a subsidios y a las estrategias de salida, este es un elemento fundamental a considerar en campamentos con alta población extranjera.
El rol de las municipalidades en las erradicaciones es irremplazable. Sin embargo, los equipos de muchos municipios no dan abasto para enfrentar contingencias que exigen alta coordinación intersectorial, manejo de datos y asistencia oportuna. Las Oficinas Locales de la Niñez, que debieran asumir un rol protagónico, necesitan ser fortalecidas urgentemente para garantizar el cuidado y resguardo de los niños, niñas y adolescentes erradicados.
