El caso de la migración es solo un reflejo de cómo niños y niñas se enfrentan a diario a procedimientos estatales sin el apoyo de profesionales especializados. Se requiere con urgencia capacitar al personal en todas las escalas (local, regional y nacional), así como adaptar nuestras infraestructuras.
El presunto extravío de 64 niños haitianos llegados al país en 2025 con visas de reunificación familiar, entre muchos otros temas, visibilizó la necesidad de contar con instituciones estatales con personal y protocolos capacitados para interactuar con niños.
Estos niños, que viajaron sin la compañía de sus padres, fueron recibidos en un aeropuerto de Chile por la PDI, una institución que no está diseñada para tratar con niños ni cuenta con espacios en el aeropuerto que acojan las necesidades y experiencias de los niños migrantes.
La falta de competencias y la deficiencia de la infraestructura en el control migratorio no son, lamentablemente, una excepción. Gran parte de nuestra infraestructura pública (hospitales, municipios, bibliotecas, transporte público y hasta nuestras calles) carece de un diseño y funcionamiento inclusivo con la niñez. Nuestras ciudades no consideran a quienes no pueden leer una señalética o a quienes necesitan más tiempo del que ofrece la luz verde del semáforo para cruzar la calle. De hecho, un estudio del Centro de Estudios Públicos de 2025 concluyó que las urbes chilenas son deficientes en ofrecer una materialidad y servicios urbanos adecuados para el bienestar infantil.
El proceso de llegada que vivieron estos niños ocurrió en un ambiente impersonal y abrumador. Viajando a un país desconocido, debieron ingresar por el mismo acceso que usa cualquier pasajero y someterse a un trámite donde los funcionarios, legítimamente enfocados en la seguridad y la eficiencia, se dirigieron a ellos como si fuesen adultos. La interacción se redujo a un intercambio burocrático, sin un esfuerzo por hacer del momento una instancia amena.
Así, los niños, desprovistos de mediadores que los orientaran o contuvieran, quedaron solos frente a un engranaje estatal insensible, acompañados únicamente por un desconocido contratado para su traslado.
El caso de la migración es solo un reflejo de cómo niños y niñas se enfrentan a diario a procedimientos estatales sin el apoyo de profesionales especializados. Se requiere con urgencia capacitar al personal en todas las escalas (local, regional y nacional), así como adaptar nuestras infraestructuras.
Revisar y humanizar estos procesos no es una simple opción administrativa; es una obligación ineludible para cumplir con el interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y suscrita por Chile. Es deber del Estado garantizar que cada espacio y decisión priorice el bienestar físico y emocional de niños, niñas y adolescentes, sin importar su nacionalidad.
