El gobierno propone proscribir los aportes de personas jurídicas a campañas y partidos políticos. Considerando la escasez de donaciones de cualquier tipo a la política -distintas de subsidios estatales-, y las falencias de participación en partidos, esto constituye un error: se debería ampliar el espectro de personas jurídicas autorizadas a donar a la política. De lo contrario, ésta será financiada casi exclusivamente por el Estado y los partidos se mantendrán alejados de la ciudadanía.
Detrás de cada persona jurídica hay personas naturales que tienen derecho a votar y donar. No existen las personas jurídicas autónomas del mundo real. Las personas naturales eligen asociarse cuando es más efectivo para actuar en política y es su derecho determinar cuál vía es más efectiva en qué circunstancia.
Un proyecto de ley del gobierno militar también intentó prohibir las donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, pensando esa vez en sindicatos y en las fundaciones que controlaba la oposición de la época. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó en 1987 que eso era inconstitucional, pues habría violado el derecho de asociarse sin permiso previo. La ley dictada en 2003, que proscribió la donación de entidades sin fines de lucro, escapó al control constitucional.
Esto sería intolerable en muchas democracias. Por ejemplo, el Partido Laborista británico ha sido financiado durante un siglo por los sindicatos, que son ¡personas jurídicas! Gran Bretaña permite las donaciones de personas jurídicas, incluso empresas. Estados Unidos permite a las personas jurídicas donar por vías indirectas, como PAC (political action committee) de empresas o sindicatos, y “Comités 527”.
Algunas proscripciones rebotan. Cuando todos los aportes son negros, todos los políticos comparten el interés en que no se fiscalice. Y los organismos fiscalizadores son controlados por políticos que reciben los aportes negros. En cambio, cuando existen vías legales de donación, la mayoría de los políticos intenta liberarse de los aportes negros. Al romperse la unanimidad, se hace posible fiscalizar. El riesgo de ser fiscalizado aumenta. Proscribir más es devolver el financiamiento de la política al estado de informalidad. Hasta 2003, los aportes negros fueron uno de los principales obstáculos para reclutar candidatos.
Proponemos levantar la proscripción para otras personas jurídicas, bajo topes máximos uniformes, e igualar el tratamiento fiscal de las donaciones de personas naturales y jurídicas. Por una parte, están las donaciones de asociaciones de personas naturales (sindicatos de base, agrupaciones que promueven temas específicos como el derecho a la vida o medidas ecológicas). Proponemos que la suma de los aportes de cada una tenga un tope igual a 50% de la suma de las cuotas recibidas de socios que sean personas naturales con derecho a voto en Chile, en los dos años previos.
Luego están los casos con dos o más capas de personas jurídicas. Aquí proponemos topes análogos al tope para la suma de las donaciones de una empresa sujeta a primera categoría, que es 1% de las utilidades del año. Proponemos que la suma de las donaciones de personas jurídicas no afectas a primera categoría, pero que recaudan IVA a la tasa general, tenga un tope de 1,75% del IVA pagado al Fisco en el mismo año calendario.
Para las demás personas jurídicas sin socios personas naturales, incluyendo fundaciones, proponemos que la suma de sus aportes tenga un tope de 0,08% del patrimonio a fines del año anterior. También, que se creen subsidios condicionales a aumentos en la participación en los partidos políticos.
