Rodrigo Valdés expuso las propuestas que trabajó con Andrea Repetto y Claudia Sanhueza para la forma en que se debe tratar a estos dos bienes en la discusión constituyente.
Con el capítulo VI del libro Aspectos Económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile, editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, se inauguró la serie de seminarios que el Centro de Estudios Públicos organizará durante el 2021 para ir analizando los temas clave de la institucionalidad económica incluidos en el texto, que el CEP publicó en diciembre pasado.
El profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la UC, Rodrigo Valdés expusó el capítulo “Agua y Minería en la Constitución”, que trabajó en conjunto con Andrea Repetto, senior fellow de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y con Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas de la Universidad Mayor. Su presentación fue comentada por Guillermo Donoso, profesor de la Escuela de Agronomía y del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC y por Guillermo Larraín, profesor, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Rodrigo Valdés partió explicando las características especiales que revisten bienes como el agua y la minería, la experiencia de otros países en la materia y los principios ordenadores sobre lo que debería contener a Constitución al respecto. “¿Qué cosas queremos que sean principios? En primer lugar, afirmar que estos recursos son de propiedad de la Nación, no queremos cambiar la lógica de que la minería y el agua pertenecen a todos. En segundo lugar, que su explotación debe ser realizado por el Estado o por privados con límites y orientaciones. Y en tercer lugar, si hay rentas “ricardianas”, estas deben ser apropiadas de manera importante por el Estado”.
El economista agregó que hubo dos temas adicionales que discutieron mucho en la producción de este capítulo que tiene que ver con razones de limitar o cambiar las licitaciones, es decir, forma que se asignan el agua y la minería.
Al concluir, enumeró algunas de las propuestas a las que llegó el grupo, señalando que en minería no se proponen cambios demasiado relevantes al texto actual, advirtiendo que las incertezas en estas materias tienen un costo. Respecto al agua, señaló que sí hay cambios más importantes en lo que se plantea en el texto.
Guillermo Donoso señaló que en las naciones de la OCDE, un 11% no hace ninguna mención al recurso de agua. “No haría una diferencia entre minería y agua. Hablaría de que el principio es que ambos son bienes nacionales de uso público por lo que implícitamente el Estado tiene el derecho apropiar las rentas. Sí, mantendría uniforme, tanto para minería como para agua, el punto de cierto grado de certeza. Eso es crítico cuando uno entra en el debate de si mantienen en la Constitución los temas de propiedad del derecho de aprovechamiento”.
Por su lado, Guillermo Larraín, sostuvo que efectivamente la Constitución tiene un problema con los bienes comunes, que generan condiciones para que sean transados como bienes privados. “Creo que la escala de solución no tiene que ver necesariamente con que el agua sea un bien nacional de uso público. El verdadero objetivo es que haya agua. Hay que estructurar la solución desde la perspectiva de la sustentabilidad de los recursos hídricos”.
En todo caso, Larraín se mostró partidario de que “mientras menos cosas queden en la Constitución es mejor, de tal forma que, sin crisis constitucional, se pueda ir adaptando la legislación a un problema porque no sabemos cómo va a evolucionar las cosas”.
Este seminario se realizó el 12 de noviembre pasado y fue moderado por Rodrigo Vergara.
