Para revertir el deterioro de la democracia liberal y representativa, la primera valla que se debe sortear es disponer de un órgano que esté convencido de que se deben fortalecer los partidos y no glorificar a los “expertos”, esos nuevos independientes del segundo tiempo constitucional. Busquemos mejores partidos y de mayor capacidad representativa.
Tras 100 días de un tedioso recorrido, las fuerzas políticas todavía no alcanzan el consenso necesario para habilitar un nuevo proceso constituyente. Qué lejos seguimos de aquella ilusión que abrió el plebiscito de salida, donde se calmarían los ánimos y lograríamos una rearticulación política capaz de reconducir la cuestión constitucional, revirtiendo la polarización en que nos dejó el álgido momento electoral. Hoy, después del referéndum, nos encontramos con una derecha que se ubica cada vez más a la derecha, un centro más despoblado, y una izquierda bastante izquierdizada (Mascareño, 2022). Además, los 21 partidos políticos, junto con crecer como hongos después de una lluvia, se encuentran cada día más débiles por sus ventiladas pugnas. Así también, la polarización, cada día mayor, contribuye a la crisis de representatividad y confianza que vivimos. Escenario a lo menos curioso si consideramos que la mayoría de las personas se autoidentifica cada vez más con el centro, y expresa un anhelo por que la clase política sea capaz de construir acuerdos que permitan resolver las múltiples demandas ciudadanas (CEP, 2022).
Entender esta disociación entre la dinámica del sistema político –con pequeños partidos indisciplinados con poder de chantaje– y lo que las personas demandan –consensos moderados– requiere atender la fragmentación política que se profundizó con el fin del sistema binominal y el incremento en la cantidad de escaños por distritos, a un punto en que se requieren realmente pocos votos para ser electo diputado. En efecto, tras el fin del binominal, pasamos de 9 a 16 partidos en elecciones legislativas (2017), y en la última llegamos a 21. Esta situación hace ingobernable nuestro país.
Paradójicamente, urge que las fuerzas políticas se pongan por fin a la altura para iniciar el nuevo proceso constitucional en el que se sienten las bases de un nuevo sistema electoral, reemplazando los mezquinos beneficios por el bien común. Por los evidentes conflictos de interés de los incumbentes, esta tarea no la puede realizar el actual Congreso. Tiene que trasladarse a manos de un órgano constituyente capaz de limitar el exceso de colectividades por medio de normas antifragmentación y generando incentivos contra el “discolaje” que produce el “pirquineo” de votos, el que termina por dinamitar la coherencia partidista.
Para revertir el deterioro de la democracia liberal y representativa, la primera valla que se debe sortear es disponer de un órgano que esté convencido de que se deben fortalecer los partidos y no glorificar a los “expertos”, esos nuevos independientes del segundo tiempo constitucional. Busquemos mejores partidos y de mayor capacidad representativa. Salgamos de esa tónica de bloqueo. Si los partidos no resuelven pronto, solo contribuirán a profundizar su desprestigio, aumentar el repudio a la política y allanarán el camino a un líder populista capaz de poner en riesgo nuestra democracia. Este es el gran desafío, superar las diferencias por medio de un indispensable diálogo cívico que todo gobierno democráticamente electo debe propiciar, y que sea capaz de destrabar las infructuosas negociaciones que hoy nos inmovilizan.
