Dos proyectos de ley del sector salud, actualmente en tramitación, incorporan la regulación de precios. Si bien los mercados en salud presentan fallas que requieren regulación, existen diversas estrategias para lograr los objetivos.
En la iniciativa sobre fármacos (Boletín 9914-11) se señala que un decreto supremo regulará los precios de productos farmacéuticos, para prevenir inaccesibilidad económica o financiera, y cuando exista explotación abusiva o situación semejante. Sin embargo, por una parte, la calificación de estos casos queda al gobierno de turno y, por otra, nada se dice del mecanismo a utilizar para regular precios. Si bien varios países desarrollados establecen precios referenciales (idealmente determinados técnicamente según valor agregado), en general es para acotar los reembolsos de medicamentos originales que realizan los seguros de salud (no es el caso chileno). Así y todo, la evidencia no es clara en que logren su objetivo, pero sí lo es en relación con sus efectos colaterales (aumento de precios de los fármacos no regulados, menor innovación y comercialización y retraso en el lanzamiento de productos).
En la modificación propuesta a las Isapres (Boletín 8105-11) se establece que el precio del plan de salud será igual para todos y que sus alzas se presumirán justificadas cuando sean menores a los índices referenciales que elaborarán entidades estatales. Una alternativa es promover la competencia por precio y calidad en los planes de salud, mediante esquemas de compensación de financiamiento proporcional al ingreso y subsidios ajustados por riesgo. Con ello se ahorra la necesidad de fijar precios iguales para todos (lo que no significa que las personas paguen precios diferenciados desde su bolsillo), así como de limitar sus alzas, cuyos efectos son conocidos también: exclusión de quienes no pueden pagar (especialmente ante ausencia de subsidios), baja en calidad y fomento de la selección por riesgo (incluso ante presencia de compensación por riesgo).
