El año 2016 no ha sido un buen año para el Gobierno en educación. La Ministra comenzó el año con una agenda desbordada, desordenada, sin prioridades aparentes y con bajo apoyo ciudadano; y al término del año no se ve un avance claro en ninguno de estos respectos.
Por último, la gran ausente este año, al igual que en los anteriores, ha sido la educación parvularia.
Este año comenzó con la promulgación de la ley que crea la nueva carrera docente. Si bien los efectos de esta política no son observables en el corto plazo, es la única medida impulsada por el Gobierno que tiene por objeto mejorar la calidad de la educación escolar y parvularia financiada con arcas fiscales.
La agenda legislativa ha estado concentrada este año en dos proyectos de ley, que probablemente sean los más emblemáticos para esta administración: el proyecto que desmunicipaliza la educación escolar pública y el proyecto sobre el sistema de educación superior. Este último establece, entre otras cosas, las condiciones para la gratuidad universal, sin duda la principal promesa del programa de Gobierno de Bachelet. La tramitación de estos dos proyectos ha sido lenta y nada indica que dicho ritmo vaya a cambiar en el corto plazo, especialmente en un año electoral y con un Gobierno que tiene índices de rechazo muy alto.
El principal problema para avanzar en estas materias radica en la falta de acuerdo entre el Gobierno y sus parlamentarios respecto de la nueva forma que debe tomar tanto la nueva educación pública como el nuevo sistema de educación superior. Este desencuentro revela el dogmatismo de la Ministra y su falta de liderazgo. El principal conflicto en el proyecto de desmunicipalización radica en la excesiva centralización. Centralizar la gestión de la educación pública no resuelve los problemas que hoy la aquejan, sino que incluso puede agudizarlos. En relación con el nuevo sistema de educación superior, el conflicto es más complejo. La peculiar forma en que se desarrolló la educación superior en Chile hace imposible implementar una política de apoyo a la educación estatal sin caer en discriminaciones inaceptables. Ello implicaría perjudicar a regiones enteras donde no hay universidades del Estado, como por ejemplo en Valdivia, o a la mayor parte de los estudiantes de centros de formación técnico o institutos profesionales, dada la falta de presencia del Estado. A pesar de los tropiezos, este año se avanzó en entregar mejores condiciones de financiamiento a los estudiantes de carreras técnico-profesionales y a los que estudian en universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades de Chile, avanzando hacia un sistema menos discriminador.
Con todo, en la medida que no avancemos en la definición de ambos proyectos, continuaremos discutiendo exactamente de lo mismo, desatendiendo los aspectos claves que son los que permiten avanzar efectivamente hacia un sistema de educación de mejor calidad.
Por último, la gran ausente este año, al igual que en los anteriores, ha sido la educación parvularia. A pesar del consenso que existe en torno a la importancia de la educación parvularia, ésta no ha sido prioridad para el Gobierno. Hoy, el Estado está en deuda con los niños de dos y tres años de edad que no tienen acceso a la educación parvularia, derecho garantizado por la Constitución a partir de 2013. Según las cifras del Ministerio de Educación, la cobertura para niños de dos años alcanza apenas el 31% y para tres años el 56%, porcentajes preocupantes en comparación con el promedio de los países de la OCDE que superan el 50% y el 70%, respectivamente.
Sin duda la balanza no ha estado a favor del Gobierno este año.
