En 2013, el Congreso aprobó la modificación constitucional que aseguraba acceso universal y gratuito a la educación parvularia a partir de los dos años. Han pasado casi siete años y todavía la clase política no cumple su palabra.
Existe consenso respecto de la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de una persona. La falta de estimulación a temprana edad no solo produce un retraso en el desarrollo del niño, sino que incluso puede provocar un impacto negativo en el desarrollo cerebral dejando secuelas para el resto de la vida.
Existe evidencia de los efectos positivos que tiene asistir a un jardín infantil de calidad a partir de los dos años. El jardín infantil no es una guardaría, aunque sin duda cumple un rol fundamental en la inserción laboral maternal, sino un centro de estimulación donde los niños se desarrollan en dimensiones fundamentales para el bienestar posterior. Es aquí cuando por primera vez un niño interactúa con personas que no pertenecen a su círculo cercano y conoce lo que significa la amistad. Aprenden conductas sociales como la responsabilidad y la solidaridad; ejercitan la empatía, el trabajo en equipo. El desarrollo de habilidades sociales va ligado al desarrollo emocional. Los niños se ven enfrentados a pequeños problemas que deben resolver, pequeñas frustraciones que deben superar, pequeñas satisfacciones que deben atesorar. Además, estos centros ayudan a desarrollar en los niños sus destrezas físicas, la motricidad, les fomenta la curiosidad, el descubrimiento del entorno y la naturaleza, así como también una apropiación del lenguaje que permite interactuar con niveles básicos de abstracción.
En los países desarrollados la cobertura de la educación parvularia en niños de dos y tres años supera el 90%, pero en Chile nuestra cobertura apenas bordea el 55%. Pero los promedios son mentirosos. Cuando desagregamos por nivel socioeconómico, observamos que la cobertura en el decil de mayor ingreso en Chile es cercana al de los países desarrollados, mientras que en los deciles de menores ingresos la cobertura es inferior al 40%. Esta es, tal vez, nuestra mayor deuda en materia de justicia social.
Teniendo a la vista estos antecedentes y en pleno estallido social, resulta incomprensible que nuestros parlamentarios estén por rechazar el proyecto de ley que asegura el acceso universal a la educación parvularia a partir de los dos años que se votará la próxima semana, pues este proyecto apunta al corazón de la desigualdad de oportunidades. Sin duda el proyecto es perfectible, pero todo proyecto lo es. Lo relevante es si mejora el bienestar de nuestros niños y de sus madres, y la respuesta es un sí rotundo sin matices. Los argumentos esgrimidos para su rechazo son tan débiles que solo reflejan la falta de compromiso de nuestros parlamentarios con nuestros niños y, de pasada, con nosotras las mujeres, obstaculizando nuestra inserción laboral.
¿Dónde están las feministas defendiendo este proyecto? ¿De qué nos sirve marchar si a la hora de las decisiones en el Congreso nos quedamos calladas? ¿O vamos a renunciar a nuestras demandas porque no nos gustan los parlamentarios o el gobierno que las apoyan? ¿Dónde están los defensores de los niños?
En 2013, el Congreso aprobó la modificación constitucional que aseguraba acceso universal y gratuito a la educación parvularia a partir de los dos años. Han pasado casi siete años y todavía la clase política no cumple su palabra. Llegó la hora de decir ¡basta! La gente está harta de promesas incumplidas. ¿Con qué cara nos invitan a reescribir la Constitución, si luego ustedes mismos legislan en contra de lo que nuestra propia Constitución nos promete?
