Necesitamos un sistema que alivie las arcas fiscales, mida su impacto y se alinee con las necesidades del país, buscando garantizar que el dinero invertido se traduzca en desarrollo tangible y fructífero tanto para la sociedad cómo el individuo.
Ad portas de una nueva discusión sobre la Ley de Presupuestos para el año 2026, es imperativo revisar detenidamente el gasto del Estado.
En un país con recursos finitos y necesidades urgentes, la inversión estatal del año 2025 de más de 25 mil millones de pesos en Becas Chile (Dipres 2025) –el equivalente a lo que aporta el fisco a más de siete Servicios Locales de Educación (SLEP) o casi el cuádruple de lo que se otorgó al Servicio Nacional de Migraciones en 2024– nos obliga a cuestionar en qué está gastando el dinero el Estado. ¿Estamos obteniendo el retorno esperado o financiamos un lujo que ya no podemos permitirnos?
Esta duda crece al observar cómo la promesa de un capital humano que revolucionaría nuestra economía se pone en disputa. Hoy vemos una «inflación de credenciales»: el aumento de postgraduados, impulsado por las becas, no ha sido acompañado en su totalidad por una demanda laboral (Araki 2022).
El resultado, es una depreciación del retorno salarial; un magíster ya no garantiza el salto económico de antes. El Estado invierte sumas millonarias en formar especialistas para un mercado que no los absorbe, considerando que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,9% durante el trimestre abril – junio de 2025, diluyendo el impacto del gasto fiscal y la promesa de desarrollo (INE 2025).
Por consecuencia, ¿Por qué no redirigir el financiamiento estatal a una fusión público-privada? El caso exitoso de Japón, donde su sistema de becas es financiado tanto por el Estado como por las empresas que quieran aportar al capital humano – o según la necesidad de la industria – se configura como un referente en momentos donde el crecimiento económico nacional se enlentece. Así, si Chile buscara un modelo similar, se podría delimitar de forma más eficaz los objetivos de estudios en términos de conocimiento y productividad nacional.
El desafío no radica en eliminar el financiamiento de estudios de postgrado, sino en optimizar su asignación. Se requiere una transición desde un modelo de gasto generalizado hacia una inversión estratégica y focalizada, coherente con las necesidades nacionales y la realidad fiscal. Si bien el objetivo inicial de enviar a los mejores talentos a universidades de élite sigue “vigente”, es crucial fortalecer los criterios que definen dicha excelencia y evitar la erosión de rigurosidad.
Necesitamos un sistema que alivie las arcas fiscales, mida su impacto y se alinee con las necesidades del país, buscando garantizar que el dinero invertido se traduzca en desarrollo tangible y fructífero tanto para la sociedad cómo el individuo.
Así, se hace evidente el menester de repensar el sistema. Transformándolo en un instrumento de inversión inteligente, un motor que mida su éxito no por el número de diplomas, sino por su capacidad de generar innovación, empleo de calidad y soluciones cuantificables para el país. De lo contrario, seguiremos financiando con entusiasmo una costosa beca que no lleva a ninguna parte.
