La pregunta es si hoy, en pleno siglo XXI, una sociedad en vías de desarrollo puede, así sin más, consentir a la quema de iglesias o el saqueo de supermercados.
La historia enseña que la política tiene mucho de azar y de incertidumbre. Más aún cuando las sociedades experimentan una crisis tan estructural como la que vive el país desde hace ya un año. Una crisis puede ser definida de múltiples formas y a partir de muy variadas disciplinas. Hay, con todo, cuatro elementos que parecen repetirse cuando una comunidad atraviesa momentos turbulentos como los actuales: desfonde institucional, vacío de poder, cuestionamiento de la legitimidad imperante y surgimiento de agendas alternativas.
Es lo que ha ocurrido en distintos periodos de la historia de Chile; por ejemplo, durante la revolución de independencia o en 1973. En ambos eventos se aprecia una sumatoria de grupos disputándose el poder con el objeto de llenar el vacío dejado por los problemas de legitimidad experimentados por la autoridad hasta ese entonces constituida. No es del caso forzar las similitudes con el presente, pero es innegable que los cuatro elementos anotados se han venido repitiendo con distintos grados de intensidad desde el 18 de octubre de 2019. Las causas son múltiples, y los efectos heterogéneos y contrapuestos entre sí. Y, sin embargo, aquí estamos, ad portas de un plebiscito cuyo objetivo es encausar las diferencias políticas.
Difícil cansarse de decirlo: el referéndum del domingo no resolverá las dificultades de los chilenos, y tampoco parece probable que lo logre una nueva Constitución. Pero también es cierto que en noviembre de 2019 las otras dos alternativas planteadas para salir del atolladero caminaban peligrosamente por la cornisa del golpismo: radicalizar la intervención militar o que el presidente se rindiera ante las voces irresponsables que pedían su renuncia. Como se sabe, el Ejecutivo optó por la única escapatoria que prometía alguna certeza: la preparación de un itinerario constituyente para salvar la institucionalidad.
Certeza que depende, por supuesto, de un compromiso transversal tanto para hacer cumplir el “Acuerdo”, como para condenar la violencia desatada en las calles. No es conceptualmente correcto ni políticamente aceptable respaldar la violencia en nombre de la “protesta social”, como si dicho término (crecientemente utilizado en algunos sectores de izquierda para justificar el conflicto latente) fuera suficiente para dejarnos tranquilos. La violencia política ha sido una constante en la historia de Chile. La pregunta es si hoy, en pleno siglo XXI, una sociedad en vías de desarrollo puede, así sin más, consentir a la quema de iglesias o el saqueo de supermercados.
Podremos tener diferencias sobre cómo debe ejercerse la democracia. Pero ello no puede derivar en un relativismo irremediable. El 25 de octubre tenemos la oportunidad de repensar nuestros consensos y disensos, aprobando la opción de un nuevo camino constituyente, pero condenando sin medias tintas a los grupos que simplemente no creen en la deliberación electoral.
