Mirando las cifras, la evolución desde el último catastro del MINVU en 2011 hasta el más reciente levantado por TECHO en 2017 muestran que el aumento de 27 a 40 mil familias se concentra muy mayoritariamente en apenas cuatro comunas: Antofagasta, Alto Hospicio, Copiapó y Calama.
Un par de semanas atrás, las páginas editoriales de El Mercurio de Santiago fueron tribuna para un interesante intercambio sobre los campamentos. El debate surgió a partir de un reportaje del mismo medio en que se denunciaba un retroceso de 30 años, toda vez que las 40.541 familias catastradas por TECHO en 2017 equivaldrían a las existentes en el Chile de 1985. Más allá de los reparos metodológicos que inhabilitan dicha comparación, lo cierto es que en los últimos años el número de campamentos y de familias en ellos efectivamente aumentó. Es en el ámbito de las razones detrás del fenómeno donde el debate se entrampa en explicaciones genéricas que no alcanzan a explicar la complejidad de lo que ocurre.
Mirando las cifras, la evolución desde el último catastro del MINVU en 2011 hasta el más reciente levantado por TECHO en 2017 muestran que el aumento de 27 a 40 mil familias se concentra muy mayoritariamente en apenas cuatro comunas: Antofagasta, Alto Hospicio, Copiapó y Calama. De hecho, 65% de las familias que viven campamentos conformados después de 2011 lo hacen en estas cuatro comunas. Las oportunidades laborales, el influjo de población migrante, la escasez de suelo urbanizable y los altísimos precios de viviendas y arriendos explican buena parte de este explosivo aumento, el que llevó a multiplicar por diez el número de viviendas precarias en Antofagasta, ahora la segunda comuna del país con más familias en campamentos.
Esta realidad es completamente distinta la de Valparaíso, región que sigue concentrando el mayor número de familias en esta situación. Aquí, salvo excepciones significativas como el campamento Felipe Camiroaga, el 86% de quienes viven en asentamientos precarios lo hace en lugares habitados informalmente hace largos años, buena parte en zonas de riesgo y con niveles de urbanización comparativamente consolidados.
Ahora, si de urbanización pseudo formal se trata, en el Biobío y en particular en Concepción la situación es paradigmática. Aquí el aumento se debe casi exclusivamente a que el catastro de TECHO incluyó en 2017 campamentos que no fueron considerados en el listado del MINVU de 2011. Por lo pronto, son casi dos mil familias en asentamientos precarios como la Aurora de Chile o Pedro de Valdivia Bajo cuya fecha de fundación data de los años 30. Nuevamente, la situación aquí difiere sustantivamente de los casos del norte o de Valparaíso.
¿Qué lecciones podemos sacar esto? Que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que en algunos casos tampoco han sido los adecuados. Que en el margen vemos aumentos sustantivos que no se explican con los motivos tradicionales. Pero lo más importante: que la situación difiere muy significativamente de una región a otra y que nuestros diagnósticos son aún muy pobres e incompletos. Es imprescindible que las autoridades locales y la sociedad civil hagan un esfuerzo conjunto para desentrañar las razones específicas detrás de cada situación y que las acciones se diseñen en consecuencia. Las recetas generales demostraron no ser suficientes.
Nota: Esta columna fue publicada en los siguientes diarios reginales:
