Mientras los meses pasan, el sistema carcelario sigue desbordado en sus capacidades físicas y organizacionales. Con una capacidad total para 42 mil reclusos en régimen cerrado en todo el país, el 2024 culminó con más de 58 mil personas encarceladas, superando su límite en un 40%.
El miércoles pasado, luego de ocho meses desde que se anunció, la Cámara de Diputados despachó al Senado el fast track penitenciario, el que busca enfrentar parte de la crisis que vive el sistema carcelario del país. Pese a que las autoridades del Ministerio de Justicia estimaban que en febrero estaría completamente aprobado, la iniciativa recién iniciará en los próximos días su segundo trámite legislativo.
Mientras los meses pasan, el sistema carcelario sigue desbordado en sus capacidades físicas y organizacionales. Con una capacidad total para 42 mil reclusos en régimen cerrado en todo el país, el 2024 culminó con más de 58 mil personas encarceladas, superando su límite en un 40%. Esta cifra oculta realidades regionales críticas: en las regiones de Atacama y El Maule, por ejemplo, por cada plaza disponible hay más de dos reclusos.
Al desborde físico se suma el organizacional. El perfil criminológico de los presos ha cambiado radicalmente en los últimos años, endurecido por la penetración del narcotráfico y su cultura, junto con el asentamiento en Chile del crimen organizado transnacional. Los procedimientos y capacidades operativas de Gendarmería de Chile no están preparadas para lidiar con esta nueva realidad criminal en los recintos penales.
El hacinamiento y el nuevo perfil criminal influyen en la destrucción y daño recurrente de las instalaciones. Las malas condiciones de los recintos impiden las labores de reinserción social, lo que socava las políticas de seguridad del país. Peor aún, algunas cárceles se han transformando en refugio y centros lucrativos de actividad delictiva, controlados por bandas que dirigen ilícitos tanto al interior como al exterior de los penales.
El fast track penitenciario asoma como una respuesta a este problema, creando 12 mil nuevas plazas al 2030, reduciendo los plazos para la ampliación de recintos existentes y la construcción de otros nuevos en Calama y Copiapó. La normativa permitiría además al Presidente ordenar la construcción de nuevas cárceles vía decreto.
Y, mientras el fast track penitenciario busca contener el desborde físico del sistema, el proyecto que crea el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería apunta a resolver su desborde organizacional. Se trata de una unidad especializada en el resguardo de los penales y secciones que alberguen a los reos de mayor peligrosidad. Esta iniciativa ingresó al Senado en julio de 2024, pero continúa sin avances.
Ambas iniciativas no admiten más dilaciones. El hacinamiento y la falta de capacidades operativas de Gendarmería han convertido ya varias cárceles en enclaves donde se planifican y ejecutan delitos. De continuar esta tendencia, tal como muestra la experiencia en América Latina, el control criminal de las cárceles se asentará con efectos devastadores para nuestra democracia. No podemos permitirnos esperar más.
