Las cartas escritas en la Presidencia de la República son cosa seria. Se han conocido algunas desde que se recuperó la democracia. Además de la última al Director de este diario, recuerdo dos del ex Presidente Aylwin.
A principios de su mandato, Aylwin escribió a la Corte Suprema una especie de oficio-carta comunicándole sus ideas sobre la aplicación de la amnistía de 1978. Dijo que ésta no impedía la investigación para esclarecer hechos y responsables. Sólo cuando ambas cosas estuvieran claras, concluyó, podía ser propiamente aplicada.
Domesticada como estaba por el régimen anterior, la judicatura prestó atención, desencadenándose un dramático proceso institucional. Dramático, pues ante la injusticia patente de esa amnistía y la dificultad para modificarla, la política endosó el problema a los jueces. Se consumó así una forma particularmente insidiosa de politización judicial, que aún pervive en el secuestro permanente.
Otra carta es de 1993 y fue dirigida al recién instalado directorio de TVN. Estaba por dictarse sentencia en el caso Letelier e «Informe Especial» había anunciado una entrevista a Michael Townley. Aylwin pidió suspender la transmisión, y el directorio, cuyo diseño intentó evitar presiones políticas, aceptó. La entrevista se transmitió poco después y ninguno de los temores se consumó: todo lo dicho ya se sabía. Pero el canal quedó resentido.
La carta del Presidente Lagos es parecida y distinta. Parecida, pues tiene el sello de la Presidencia y el especial carácter que eso imprime. Distinta, pues es un reclamo dirigido a una institución privada y es más personal: mientras las otras trataban cuestiones netamente institucionales, ésta alude a parientes y relaciones interpersonales. Por lo mismo, no es claro si fue privada o pública. Su autor sugirió lo primero, pero agregó que le parecía «bien» su publicación.
Tal vez es esta ambigüedad lo que más incomoda del asunto. Las cartas de palacio no son formas institucionales preestablecidas, sino mezcla de iniciativa personal y alta posición jerárquica. Por lo mismo, no se trata de la simple opinión de un ciudadano en democracia, aunque tampoco, en este caso, de un golpe mortal a la libertad de expresión.
Pareciera que estas cartas no pueden ser sino desafortunadas, pues constituyen un paralelo a la institucionalidad siempre gravoso para ella. En este caso, mejor hubiera sido que el Presidente -quien valora las instituciones- apuntara su reacción a la Empresa de Correos, sugiriéndole cumplir las normas de transparencia y levantar un secreto que sólo alimenta sospechas.
