Estudios Públicos Nº 15, 1984.

Democracia, partidos políticos y transición

Juan Yrarrázaval |

Sobre la base de mecanismos institucionales específicos es posible ir promoviendo un mayor grado de acuerdo sustantivo acerca del régimen político futuro y el sistema socioeconómico entre varios sectores relevantes. En el sistema político, entre los partidos democráticos de Oposición y los partidos democráticos representativos de sectores que apoyan la Constitución de 1980; como un primer paso para ir acercando posiciones entre Gobierno y Oposición. Dentro de esta perspectiva, las propuestas de un estudio y debate amplio de las leyes políticas, de flexibilización del mecanismo de reforma constitucional, y de convocatoria a elecciones de Congreso Nacional (un Congreso con facultades legislativas, constituyentes y fiscalizadoras), podrían permitir ir generando una cooperación práctica para definir un sistema político compartido, una democracia menos autoritaria y más pluralista.
En el sistema socioeconómico este mayor entendimiento debería comprender a la autoridad económica, las organizaciones sindicales y el empresariado, dentro de una estrategia más compartida de reactivación v desarrollo.
El autor sostiene que una estrategia de transición ordenada o pacífica implica una combinación de consenso y disenso, donde los sectores más relevantes (Fuerzas Armadas, Gobierno, partidos democráticos de Oposición, partidos políticos de centro y derecha, empresariado, organizaciones sindicales) entren en un proceso de transacción que implique ir avanzando hacia situaciones que no siendo las óptimas para ningún sector, sean en definitiva aceptables para todos en cuanto les permita cautelar las aspiraciones más esenciales. Que a las Fuerzas Armadas les permitan cautelar su prestigio institucional, su profesionalismo, su autonomía y su cohesión interna; que al sector laboral permita cautelar sus derechos y aspiraciones básicas de mejoramiento socioeconómico; que al sector empresarial le asegure la propiedad sobre sus medios de producción y la posibilidad de desplegar su iniciativa de acuerdo a reglas objetivas y estables que favorezcan la reactivación, el crecimiento y la capitalización; y que a los partidos políticos democráticos les asegure sus derechos básicos de asociación, de expresión, de libertad de acción y de competencia por el poder. El camino de la cooperación práctica probablemente no consiga la inmediata puesta en marcha de una democracia pluralista plena o de una justicia social ideal, sino alcanzar estados intermedios de democracia autoritaria, pero en la medida que estos estados intermedios estén dotados de un suficiente grado de flexibilidad, representarán un paso necesario y decisivo en el proceso de liberalización y democratización política.