Estudios Públicos Nº 53, 1994.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de racionalidad?

Douglass C. North |

La aplicación de los principios de la economía neoclásica para la comprensión de los fenómenos políticos constituye el rasgo distintivo de la teoría de "opción pública" (public choice). En este artículo se sostiene que es preciso revisar algunos supuestos implícitos en la opción racional, postulado central de esta teoría, de manera que ésta pueda incorporar también factores relacionados con el papel que desempeñan en las decisiones tanto las instituciones como las ideas, las ideologías, los dogmas, mitos y prejuicios. En efecto, se señala, en algunos ámbitos los mercados —caracterizados por bajos costos de transacción—pueden simplemente no existir o bien ser muy imperfectos. Es decir, hay contextos en los que no todos los individuos toman sus decisiones sobre la base de las mismas teorías.
Es necesario, entonces, definir primero, de la manera más exacta posible, el contexto en que el modelo de opción racional puede ser verdaderamente útil. Esto significa que a medida que nos alejamos de las condiciones más propicias para la aplicación de dicho modelo —problemas simples, información completa, situaciones repetitivas y alta motivación— hay que explorar en el proceso de toma de decisiones otros elementos relativos a las instituciones y la formación de estructuras mentales, y no sólo las consecuencias inmediatas en términos de opciones. No se trata, por cierto, de abandonar el principio de racionalidad, sino de matizarlo. El papel de las instituciones es el de reducir los costos de transacción. El autor sugiere aquí acudir a la ciencia cognitiva, la que no sólo puede arrojar importantes luces sobre el papel de las ideas y las creencias sino abrir también nuevas fronteras en las ciencias sociales.

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