Estudios Públicos Nº 78, 2000.

Pesca en alta mar de recursos transzonales: Alternativas de política para Chile

Michael Basch | Julio Peña Torres | Rodolfo Serra |

Chile no ha ratificado aún el Acuerdo de 1995 de las Naciones Unidas sobre la conservación y manejo de peces transzonales y peces altamente migratorios, en el que se insta a las naciones interesadas a buscar soluciones negociadas respecto al acceso de pesca y manejo de estas poblaciones en alta mar. Este trabajo analiza los efectos económicos en juego -al ratificar o no el Acuerdo- para un Estado costero que tiene intereses importantes en peces transzonales. El jurel chileno, uno de los recursos pesqueros más importantes de Chile, pertenece a esta categoría. En la actualidad, sólo flotas bajo pabellón chileno capturan este recurso en la alta mar adyacente, y por el momento no hay evidencia que permita suponer una competencia inminente de naciones que pescan en aguas distantes. Argumentamos que la ratificación del Acuerdo podría tener repercusiones negativas sobre: i) la soberanía del Estado costero con respecto a las medidas de manejo en su zona económica exclusiva (ZEE); y ii) la competitividad de empresas pesqueras nacionales. Pese a esto, el costo-beneficio neto depende de la magnitud del riesgo que pueda significar la competencia pesquera de naciones que pescan en aguas distantes. Si el Acuerdo entra en vigor, los Estados costeros con intereses en poblaciones de peces transzonales sentirán presión para ratificarlo. Este trabajo discute los obstáculos que aún subsisten para que los Estados que ratifiquen el Acuerdo puedan lograr un manejo pesquero efectivo en la alta mar adyacente. Analizamos posibles soluciones a los problemas de nuevos miembros y de pescadores ilegales en acuerdos regionales. Con respecto a los primeros, limitar el acceso parecería jurídicamente viable conforme al Acuerdo. En cuanto a prohibiciones efectivas sobre la pesca por pescadores ilegales, sería necesario crear nuevos instrumentos de regulación. En algunos casos se podrían requerir nuevos ajustes a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

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