Opinión La Tercera Sábado 8 de septiembre de 2007

Honorables abogados

Alexander Galetovic | Leonidas Montes |

El Colegio de Abogados fundamenta su conclusión en base a argumentos legales, pero también apela al sentido común. Porque la verdad sea dicha, no es necesario ser abogado para darse cuenta de que algunos conflictos de interés son evidentes.

Respondiendo a una inquietud del diputado DC Jorge Burgos, la nueva mesa del Colegio de Abogados debuta con un informe que seguramente causará polémica (1). En sus 12 puntos concluye que la función de parlamentario y el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado, “[…] sea directa o personalmente, sea como miembro que tenga interés en un estudio profesional”, son incompatibles. Se trata de un tema relevante, porque hoy 15 senadores (el 40%) y 34 diputados (el 28%) son abogados.

El Colegio de Abogados fundamenta su conclusión en base a argumentos legales, pero también apela al sentido común. Porque la verdad sea dicha, no es necesario ser abogado para darse cuenta de que algunos conflictos de interés son evidentes. Para comenzar, nuestros parlamentarios no sólo debaten y deciden acerca de nuestras leyes. El Congreso también aprueba el presupuesto de los tribunales y los parlamentarios participan en la elección de los jueces que integrarán la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Así, “[...] los jueces están naturalmente sujetos a presiones implícitas, si quien plantea y representa los intereses de una de las partes es miembro de otro poder del Estado”. Por eso, un abogado miembro del Congreso tiene ventaja en un alegato, se trate de casos en que se defiendan intereses económicos, causas de derechos humanos, materias de interés público o de cualquier otra índole.

También el informe analiza el caso de los parlamentarios que son socios de estudios de abogados, concluyendo que ambas condiciones serían incompatibles. Tal como señala el informe, “[...] el deber público que soporta el parlamentario que es socio o participa en un estudio de abogados puede estar en conflicto con el interés privado que supone la profesión, así como con los deberes fiduciarios que ésta impone”. Estos deberes fiduciarios “[...] se extienden naturalmente a los otros profesionales que participan del estudio respectivo, de modo que puede afectar la independencia del parlamentario [...] aunque no actúe personalmente en el asunto”. Los economistas tal vez agregaríamos que las personas solemos actuar motivadas por nuestro propio interés, el que, en la mayoría de los casos, tiene una arista pecuniaria. Si bien mucha gente es honesta, sería ingenuo ignorar que, sea la actividad que sea, es posible que algunos no lo sean.

Además, por su influencia política un parlamentario socio de un estudio no sólo atraería más clientes. Además, tendría que enfrentar permanentemente la tentación a realizar lobby en favor de los clientes de su estudio. Aunque el lobby es un medio legítimo para que los grupos de interés den a conocer sus posiciones (mientras sea transparente), aún no ha sido regulado en Chile. Y tal como lo señaló Eduardo Engel en su columna del domingo pasado, las señales son un tanto inquietantes. Eso sí, con medidas razonables que cautelen la transparencia no debiera existir impedimento para que los socios de un estudio postulen o participen en el Congreso.

Algunos argumentarán que los parlamentarios abogados deben seguir ejerciendo su profesión para mantener su nivel de vida. Sin embargo, el artículo 62 de la Constitución establece que el salario de los parlamentarios debe ser suficientemente alto para compensarlos por su dedicación exclusiva. Y, en efecto, tal como se muestra en el cuadro, los salarios de nuestros diputados y senadores no son bajos, contando, además, con generosos recursos para gastos de representación y asesorías. Más aún, si se considera que el presupuesto del 2007 contempla $ 21.079 millones para el Senado y $ 35.964 millones para la Cámara de Diputados, esto es, US$ 121 millones al año, se puede concluir que nuestros parlamentarios trabajan en buenas condiciones. Vale decir, cada senador nos cuesta $ 555 millones al año, y cada diputado $ 300 millones. En definitiva, nuestros parlamentarios reciben recursos suficientes para cumplir sus funciones y llevar una vida acomodada para los estándares chilenos.

Chile está cambiando y cada vez los ciudadanos exigen más transparencia. Incluso nuestros abogados están confiando crecientemente en la tradición anglosajona que enfatiza los incentivos y que, dicho sea de paso, fue importante en la formación de don Andrés Bello. En efecto, en el informe del Colegio de Abogados el conflicto de interés es tratado tanto desde una perspectiva legal como económica. El foco no sólo está en las leyes, sino también en quienes compiten en el mercado legal. La eventual regulación del conflicto de interés no se entiende como una acción coercitiva, sino como un medio para promover la competencia en igualdad de condiciones. Este giro hacia el ideal delmercado competitivo no sólo es bueno para nuestros abogados, sino también para el país.

Un mercado competitivo de abogados exige igualdad de condiciones. Por eso, ignorar el conflicto de interés en el caso de los diputados y senadores abogados sería una muestra de cinismo. En cambio, reconocerlo y regularlo sería un acto de madurez cívica.



(1) “Informe del Consejo del Colegio de Abogados sobre ejercicio de la profesion de abogado por parlamentarios”, Santiago: agosto 2007. Disponible en http://www.colegioabogados.cl.

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