Libros Editado en 2000 (no disponible en formato impreso)

Reforma del Estado. Volumen I: Financiamiento político

Salvador Valdés Prieto |

Este es el primero de los volúmenes que recogen los resultados del trabajo de la Comisión de Reforma del Estado del Centro de Estudios Públicos (CEP). Este volumen está dedicado al financiamiento de la actividad política. El volumen siguiente recogerá las propuestas de la Comisión respecto a cómo modernizar el nombramiento y evaluación del desempeño de los altos directivos del sector público, cómo modernizar la gestión de las compras públicas y propondrá medidas en favor de la probidad y la transparencia. Cálculos basados en datos empíricos recientes (Evans y Rauch, 1999) muestran que una reforma del Estado puede agregar hasta dos puntos porcentuales anuales al crecimiento económico de Chile en la próxima década.

¿Por qué es el financiamiento político parte de una reforma del Estado? Se ha postulado, con éxito empírico, que las reformas de este tipo ocurren solamente cuando ellas contribuyen a aumentar las probabilidades de éxito político de las autoridades que las deciden (Geddes, 1994). Consideremos el caso de Gran Bretaña. Ese país rechazó en 1853 la recomendación del informe Northcote-Trevelyan de adoptar un sistema de mérito para seleccionar los funcionarios superiores del Estado. Pero en 1870 el gobierno de Gladstone adoptó el sistema de mérito en Gran Bretaña para asegurar a su propio sector la propiedad de esos cargos1, y dotó a sus ocupantes de inamovilidad para mantenerlos2. Este ejemplo confirma que una reforma se adopta cuando favorece el éxito de los líderes del momento.

Una reforma que profesionaliza la selección de los altos directivos de la administración pública e impone una evaluación independiente de su desempeño tiene un impacto ambiguo sobre el éxito en la carrera política. Por una parte, tal reforma aumentaría la eficiencia del Estado y mejoraría la calidad de las políticas públicas, captando así más votos para sus líderes. Esto sería reforzado por una aceleración del crecimiento económico que enriquecería a la ciudadanía. Por otra parte, esa reforma también haría más difícil para los líderes mantener la cohesión de su coalición al desaparecer la posibilidad de asignar dos o tres mil puestos altos en el Estado3, reduciría las donaciones políticas que hacen esos funcionarios y también reduciría el control de los líderes sobre las decisiones estatales que pueden contribuir a captar financiamiento para la actividad electoral y partidaria.

Esta es la conexión entre financiamiento político y reforma del Estado: la reforma es más probable cuando los líderes estiman conveniente apostar a lograr un financiamiento electoral y partidario adecuado sirviendo a la ciudadanía y logrando donaciones que expresen apoyo desinteresado, sin controlar ninguno de los dos o tres mil puestos más altos del aparato estatal.

Para materializar ese escenario conviene atacar en varios frentes, dos de los cuales se refieren al financiamiento político: Primero, sujetar a las candidaturas políticas a normas que realmente dificulten su financiamiento con el producto de extorsiones y corrupciones. Con tales normas, el control de dos o tres mil altos puestos estatales pasa a ser un pasivo político, pues aumenta la probabilidad de que sucesivos escándalos destruyan el eventual beneficio electoral que podría ser adquirido con las donaciones de esos funcionarios, y con los fondos que las decisiones tomadas en esos puestos puedan recaudar. Segundo, crear subsidios fiscales para garantizar mínimos de igualdad económica entre las candidaturas, eliminar el tratamiento tributario y regulatorio que pueda favorecer a las donaciones interesadas, y crear o mantener una prohibición de comprar publicidad política en televisión4, pues todo ello hace más probable que las donaciones políticas desinteresadas sean suficientes para competir con éxito.

Desde luego, la experiencia reciente de Chile demuestra que otras medidas, como aquellas que aumentan la transparencia en la administración fiscal, incluyendo remuneraciones, honorarios y compras públicas, también contribuyen con fuerza a materializar el escenario favorable a la reforma del Estado.

Por otra parte, la regulación del financiamiento de la actividad política es un tema independiente que, en sí mismo, puede contribuir al desarrollo democrático de Chile y puede atraer simpatía y votos a las autoridades que avancen en esto. La ciudadanía entiende que estas regulaciones pueden aumentar el grado de competencia política, y mejorar la capacidad del sistema político para garantizar mínimos de igualdad. La Comisión de Reforma del Estado del CEP construyó su propuesta en materia de financiamiento político, que se entrega en la Parte III de este volumen.

Índice

Presentación del Editor
Salvador Valdés Prieto

PARTE 1
Experiencias Extranjeras

Dilemas de las Regulaciones del Financiamiento Político
Thomas E. Mann

El Financiamiento Político en Gran Bretaña
Vernon Bogdanor

Votos, Dinero y Buena Política en los Estados Unidos. Las Reglas Básicas del Financiamiento Político
Michael Johnston

Experiencia con el Financiamiento de los Partidos Políticos en España
Héctor Díaz-Santana Castaños

El Financiamiento Político en Alemania
Peter Pulzer

Regulación del Financiamiento Electoral: Lecciones de Canadá y los Estados Unidos
Filip Palda

PARTE 2
Experiencia Chilena

Alcances Jurídicos del Financiamiento de los Partidos Políticos en Chileile
Ramiro A. Mendoza Zúñiga

Donaciones Políticas Confidenciales
Fernando Contardo Díaz-Muñoz

Mecanismos Alternativos para el Financiamiento de los Partidos Políticos
Patricio Donoso I., Paulina Ramos V. Y Paulina Riquelme P

PARTE 3
Informe de la Comisión de Reforma del Estado

Proposiciones sobre el Financiamiento de la Actividad Política
Comisión de Reforma del Estado

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