Opinión El Mercurio Viernes 20 de agosto de 2021

Agua: Más allá de la propiedad

Evangelina Dardati |
Foto: Wiiliam Rojas

Más allá de lo que indique la Constitución en materia de la naturaleza jurídica, la grave crisis hídrica por la que atraviesa el país no se solucionará sin una gestión adecuada.

Existe acuerdo transversal en que la nueva Constitución debiera garantizar el acceso al agua para consumo humano. Sin embargo, hay otros temas más controversiales que no estarán ajenos al debate, independientemente si debieran incluirse o no en la Carta Magna. Uno de ellos es la naturaleza jurídica de las aguas, que está en el foco de la atención pública debido, en gran medida, a la grave crisis hídrica que afecta al país.

La situación crítica del agua es un problema mundial. Si estudiamos la experiencia de países que mejoraron su desempeño en políticas hídricas durante las últimas décadas, vemos que sus reformas consistieron principalmente en mejorar la gestión del recurso. Otra cuestión ha sido la organización de la propiedad sobre el agua. Australia e Israel son dos casos opuestos en este sentido. En el primer caso se permiten derechos privados de aprovechamiento del agua, mientras que en el segundo no se permiten. Ambos países, sin embargo, constituyen ejemplos de modelos hídricos exitosos.

El agua no es un bien como cualquier otro bien económico donde el mercado genera una asignación eficiente sin necesidad de ninguna intervención. Primero, la utilización del agua genera externalidades, es decir, produce consecuencias no deseadas sobre terceros, sobre los ecosistemas y sobre la sustentabilidad del recurso a largo plazo. Segundo, es un recurso variable e incierto. Por lo tanto, de existir derechos privados de aprovechamiento del agua, estos deben tener características diferentes. La pregunta es si la propiedad privada del agua puede coexistir con priorizaciones en el consumo humano y con asegurar la sustentabilidad a largo plazo del recurso.

Australia constituye un ejemplo de un modelo de propiedad privada compatible con priorizaciones y con variaciones en la disponibilidad del recurso. Existe un mercado privado que funciona con reglas operativas claras, donde las limitaciones de los derechos de todas las partes involucradas están claramente especificadas.

Durante la década del noventa, Australia comenzó a implementar una serie de reformas debido a que el recurso estaba fuertemente comprometido por el sobreúso, lo cual generó ecosistemas en riesgo y contaminación. Un elemento importante de la reforma fue mejorar la gestión de los derechos de agua. Se crearon títulos de agua permanente, que representan la cantidad máxima de agua que se puede obtener del sistema. Sin embargo, la cantidad efectiva que se obtiene en un determinado año se calcula después de asegurar suficiente agua para el consumo humano. Todo esto teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales y esperadas. Asimismo, con el fin de evitar externalidades negativas para la naturaleza, existen reglas específicas sobre cuánta agua se puede extraer o utilizar en determinados lugares. Finalmente, para garantizar la sustentabilidad del recurso, el Estado federal tiene un rol activo en el mercado del agua, ya que posee suficientes títulos de propiedad para proteger el medio ambiente.

En cambio, en Israel, un país con escasez de agua, no se permite la propiedad privada sobre el recurso. La autoridad hídrica israelí es un organismo técnico, autónomo e independiente, que se encarga de la planificación del sector, de la fijación de tarifas y de la asignación del agua para los diversos sectores. El modelo de gestión consistió principalmente en incorporar tecnologías para poder utilizar el recurso de manera eficiente procurando que las pérdidas de agua fueran mínimas. Estas tecnologías incluyeron la implementación del riego por goteo, tecnología para detectar pérdidas de agua, tratamiento de aguas residuales, inversión en plantas desalinizadoras, entre otras.

En conclusión, más allá de lo que indique la Constitución en materia de la naturaleza jurídica, la grave crisis hídrica por la que atraviesa el país no se solucionará sin una gestión adecuada. Para ello será necesario un consenso político, social y económico que permita lograr la sustentabilidad del recurso a largo plazo y a la vez satisfacer la demanda de agua de todos los sectores de la economía, priorizando el consumo humano.

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