Opinión El Mercurio, 16/7/2011

Dualidades

Harald Beyer |

En los regímenes presidenciales, a los presidentes les corresponde asumir como jefes de Estado y de Gobierno. Ambas tareas son complementarias en algunos aspectos, pero no en otros. Particularmente en aquello que dice relación con la gestión política que a menudo requiere de transacciones tácticas que se pueden desviar transitoriamente de los intereses de largo plazo de la nación, pero que son necesarias para satisfacer un objetivo mayor.

No es raro, entonces, que en estos sistemas políticos el Presidente, más todavía en países con una arraigada tradición centralista como ocurre en Chile o en gran parte de América Latina, esté acompañado de una figura fuerte que lo reemplaza, no total, pero parcialmente en las labores de jefe de gobierno. Este es un requisito que una y otra vez ha demostrado ser necesario en los países de nuestra región, todos regímenes presidenciales, para asegurar una gestión exitosa.

Es cierto que no es suficiente, pero si se recorren las diversas experiencias políticas en los últimos años, salvo una que otra excepción entre las que se menciona la Colombia de Uribe -afirmación que en todo caso es discutible-, el éxito de los gobiernos está asociado a la delegación presidencial en otra persona de una parte importante de las labores de jefe de gobierno.

La administración de Sebastián Piñera renunció a seguir este camino concentrando ambas tareas en la persona del Presidente. Después de dieciséis meses de gobierno es muy claro que ese diseño fracasó. Las reuniones bilaterales, el monitoreo de los ministros, los diálogos esporádicos con la oposición o el involucramiento decidido del Mandatario en materias sectoriales no son suficientes para apuntalar su papel como Jefe de Gobierno.

Estos aspectos mencionados lo hacen entrar en detalles muy específicos y en refriegas particulares que afectan y minan su papel como Jefe de Estado. Pierde, entonces, la oportunidad de comunicar con claridad y persistencia los propósitos de su gobierno y cómo su consecución beneficiará a la población; de ofrecer los antecedentes que respaldan esa elección de objetivos; de explicar los instrumentos que se estiman más satisfactorios para lograrlos, y de criticar a los grupos de interés que se oponen a los cambios. Esta dualidad tiene que ser resuelta.

Por supuesto, no basta con resolverla nominalmente. El Presidente debe dejar "ejercer" al elegido las labores de jefe de gobierno.

Pero hay otras dualidades no bien abordadas por el Gobierno. Uno de los principales méritos de la campaña fue abrirse a abordar materias y recoger inquietudes que producen incomodidad en la coalición.

El éxito de las derechas en el mundo ha estado muy vinculado a abrirse a debatir seriamente temas emergentes aunque sin renunciar a principios generales que han marcado sus posturas políticas: igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, confianza en las soluciones de mercado y en la competencia, valoración del esfuerzo personal, equilibrio entre derechos y responsabilidades, aprecio a las instituciones que se han forjado en el tiempo, pero aceptación de su evolución cuando ello sea recomendable.

En la campaña reciente un caso emblemático, aunque no el único, de que este gobierno podía seguir el camino de esas derechas fue la señal hacia las parejas homosexuales. Éstas podían abrigar la esperanza de que bajo el gobierno del actual Presidente se promovería un reconocimiento razonable de su situación. Nada de ello ha ocurrido.

Las soluciones discutidas hasta ahora son inaceptables. El principio de igualdad brilla por su ausencia. La apertura del matrimonio civil a parejas del mismo sexo es la solución más apropiada. El Gobierno legítimamente puede sostener que nunca se planteó llegar tan allá. Es un punto que se puede conceder, pero ello no le exime de proponer soluciones razonables.

Gobernar haciendo caso en demasía a un conjunto de creencias establecidas y no aprovechar de desafiarlas sobre la base de principios más duraderos termina siendo empobrecedor y políticamente perdedor.

El presidente debe dejar "ejercer" al elegido las labores de jefe de gobierno.

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