Opinión Capital , 8 de abril de 2004.

El financiamiento de las universidades

Harald Beyer |

Las universidades que matricularon a quienes figuraban en el primer grupo de los mejores puntajes obtuvieron este año poco más de un millón 200 mil pesos por estudiante. Por los del quinto grupo recibieron sólo unos 100 mil pesos.

El reemplazo de la prueba de aptitud académica (PAA) por la prueba de selección universitaria (PSU) obliga a modificar las normas que regulan la asignación del aporte fiscal indirecto (AFI). En la ley este aporte está atado a la PAA y su desaparición obliga a efectuar los cambios pertinentes. El AFI es una de las tantas vías a través de las cuales el Estado aporta al sistema universitario nacional. Hasta ahora este aporte ha sido entregado a los 27.500 primeros puntajes. Estos se dividen en cinco grupos de igual tamaño. Las universidades que matricularon el año pasado a los estudiantes del grupo de más altos puntajes obtuvieron este año, por cada uno de ellos, una cifra de poco más de 1,2 millones de pesos. Si, en cambio, recibieron estudiantes del grupo de menores puntajes el monto obtenido apenas superó los 100 mil pesos.

A propósito de esta modificación legal se ha planteado la posibilidad de revisar la manera en que se asignan estos recursos. Parece ganar adeptos la idea de que este aporte se otorgue a los mejores puntajes pero entre los estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos. En la medida que sólo se altere este aspecto y se mantengan los demás criterios de asignación del AFI, sucederá que los recursos aportados a través de esta vía se desplazarán de las universidades más selectivas hacia aquellas que lo son menos. Ello como consecuencia de la alta y lamentable correlación que existe entre rendimiento en la PSU y nivel socioeconómico del estudiante. Si las universidades más selectivas sintiesen en demasía esta pérdida de recursos podrían desarrollar una mundialmente novedosa política de discriminación positiva intentando atraer a alumnos de relativamente bajos puntajes, pero “dueños” de un interesante aporte fiscal.

Sin embargo, esta posibilidad es muy reducida. La importancia relativa del AFI en el financiamiento universitario ha ido cayendo en el tiempo. Actualmente llega al 6% del aporte público a la educación superior y era un 16% hacia principios de los 90. Este cambio legal es más bien una buena oportunidad para debatir sobre el financiamiento público de la educación superior. El país debería estar interesado en que ese financiamiento fluyese hacia las universidades de mejor calidad. El AFI, más allá de sus defectos, apunta en esa dirección. Para que ello se cumpla sólo necesitamos asumir que los buenos estudiantes prefieren las mejores universidades, algo que no parece tan descabellado.

Sin embargo, el resto del financiamiento universitario no satisface ese criterio, o lo satisface sólo parcialmente. La propia rigidez con que fluye bloquea la posibilidad de aprovechar bien los fondos públicos en educación. Entre este tipo de recursos se encuentra el aporte fiscal directo, que representa el 39% de los recursos públicos en educación superior y que se asignan a las universidades del Consejo de Rectores según criterios históricos que guardan poca relación con la calidad de las instituciones que los reciben. Otro 25% lo conforman las ayudas estudiantiles que en una gran proporción benefician a las mismas universidades tradicionales. Los estudiantes que necesitan de esas ayudas quedan “atados” a esas universidades tradicionales

De paso, en el mundo universitario privado esta restricción en las ayudas estudiantiles crea un mercado enteramente segmentado con universidades para ricos y universidades para pobres donde las diferencias de precio entre ellas reflejan calidades muy distintas. La apertura efectiva de estos fondos públicos, con los resguardos que se estimen pertinentes, no sólo le daría fluidez al mundo universitario sino también los diques necesarios para detener la creciente segmentación que se observa en el mercado universitario privado.

Otro 12% de los fondos públicos a la educación superior se canalizan por el programa de fortalecimiento institucional y mejoramiento de la educación superior. Nuevamente los principales receptores de fondos son las universidades tradicionales, aunque a diferencia de lo que ocurre con el aporte fiscal directo aquí al menos compiten entre ellas por estos fondos. De este modo van quedando pocos recursos públicos que sean realmente abiertos a todo el mundo universitario. Los fondos concursables establecidos a través de Conicyt -14% del total- tienen esas características. Claro que las ventajas que le otorgan los demás recursos al sistema universitario tradicional le permite concentrar la contratación de académicos y a través de esta vía capturar una proporción muy mayoritaria también de estos fondos. Se protege así a instituciones que quizás deberían desaparecer y se impide la expansión de otras que habría que incentivar. En estas circunstancias el sistema universitario alcanza un equilibrio a un nivel de productividad inferior al que podría y debería tener, lo que a fin de cuentas afecta la competitividad del país. Por estas razones no estaría mal repensar el sistema de financiamiento público de la educación superior.

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