Opinión El Mercurio, 16 de octubre de 2016

El papel de los alcaldes en la política chilena

Harald Beyer |

El mundo es cada vez más globalizado, pero curiosamente, por diversas razones, la vida de los ciudadanos tiene un carácter menos colectivo y más individual.

Debe recordarse que la evidencia comparada sugiere que las participaciones en elecciones locales, particularmente cuando no se realizan en conjunto con otras elecciones de carácter nacional, tienden a ser bajas.

En ese sentido, la realidad en la que se desenvuelven los ciudadanos es compleja para la política, una actividad que aspira a relatos comunes y ampliamente compartidos. Por eso, ellos perciben esos relatos, a menudo, como ajenos o poco coherentes con sus propios intereses y motivaciones. No es, entonces, del todo extraño el distanciamiento con la política. Este fenómeno, a menudo, se sobreinterpreta y se ve como un riesgo para la democracia. Sin embargo, se olvida que, al mismo tiempo, la valoración de la democracia en nuestro país ha alcanzado niveles sin precedentes. Hay, por cierto, cuestionamientos a su funcionamiento y eso nos pone en terreno del debate de cómo mejorar el desempeño de nuestras instituciones y asegurar un buen diseño de nuestras políticas públicas.

Quizás el indicador más definitivo de que el cuestionamiento a la política no es definitivo, ocurre en la comuna. El municipio es un actor relevante en la vida de las personas y los niveles de aprobación del desempeño de los alcaldes son relativamente buenos: un 52% de las personas se declaraban muy satisfechas o satisfechas con su gestión en el último estudio de opinión pública del CEP. Seguramente, en el espacio local ocurre casi naturalmente un mayor acercamiento entre la política y los ciudadanos. Los grandes relatos quedan de lado frente a la necesidad de resolver problemas muy específicos que afectan a una comunidad particular. El tamaño promedio del municipio chileno, aunque obviamente hay una enorme heterogeneidad, es de poco más de 51 mil personas. Si bien es algo grande en una perspectiva comparada, es suficientemente pequeño para que sus decisiones impacten en algún grado a todos sus habitantes.

Con todo, este hecho no es suficiente para que la población esté entusiasmada con participar en esta elección municipal. Hace cuatro años debutó el voto voluntario con una baja tasa de participación precisamente en este proceso electoral: un 43% del padrón. Se especula que esta proporción estaría en esta ocasión por debajo de estas cifras. Puede ocurrir. Debe recordarse que la evidencia comparada sugiere que las participaciones en elecciones locales, particularmente cuando no se realizan en conjunto con otras elecciones de carácter nacional, tienden a ser bajas e incluso, más de lo observado en Chile en 2012. Es posible que este fenómeno también radique en que el menor distanciamiento en una comuna entre los ciudadanos y el alcalde facilite controles indirectos de su desempeño, de modo que el voto no sea el único instrumento para ejercer la supervisión de su gestión.

En todo caso, los ciudadanos tienen demandas muy precisas para los alcaldes. En la última encuesta del CEP, puestos a decidir entre diversos asuntos entre los que podían mencionar tres como prioritarios, dos son mencionados por más de la mitad de los chilenos. El funcionamiento de los consultorios y el combate a la delincuencia es una prioridad para el 58 y 51 por ciento de los encuestados, respectivamente. Esto está en línea con las prioridades para la nación toda y que es propia de un país que ha experimentado una modernización acelerada, que vuelve más urgente abordar las inseguridades que amenazan, por una parte, los progresos obtenidos con ese proceso y, por otra, los vacíos que a veces emergen en estas circunstancias. En el caso de los consultorios de salud, que son de su dependencia, indudablemente que su capacidad de influencia es mayor y hay mucho espacio para mejorar. En el caso de la delincuencia su campo de acción es más limitado, pero no por eso inexistente, como muestran diversas iniciativas comunales exitosas en este ámbito.

La menor prioridad para la población, respecto de la gestión de sus alcaldes, la tienen el aseguramiento de un tránsito fluido (tres de cada 100 mencionan este asunto) y la provisión de espacios públicos como plazas y juegos infantiles (en este caso, 10 de cada 100).

Una demanda emergente es el control de la corrupción. Esta se ubica como una cuarta prioridad y un tercio de los ciudadanos la menciona como relevante. No cabe duda que en términos relativos, los gobiernos locales pueden ser (y en algunos casos lo han sido) una fuente importante de corrupción. Los niveles de transparencia en muchos municipios dejan mucho que desear, y ciudadanos que son crecientemente más críticos de este fenómeno no van a tolerar alcaldes que no muestren un claro compromiso con dicho control. Esta es ciertamente una evolución muy positiva y da cuenta de la maduración que ha tenido nuestra democracia, donde los asuntos que importan no son solo aquellos que pueden producir un bienestar material al ciudadano promedio, sino que también reflejan una aspiración por vivir en un país mejor. Equilibrar adecuadamente estas demandas es el gran desafío de la política chilena y los alcaldes van a comenzar a experimentarlo muy rápidamente.

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